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Ante un importante riesgo de que la inflación se espiralice debido a la capacidad descendente del Gobierno para mantener el tipo de cambio, suscitado por las considerables pérdidas de las reservas del Banco Central de la República Argentina, la necesidad de tomar medidas se hizo evidente.
Es que el total de pérdidas del BCRA ya está por encima de los USD 2.500 millones, sin que todavía finalice el primer trimestre del 2023. Tan solo en la última semana, las reservas disminuyeron USD 580 millones: 261 millones el lunes 21, 99 millones el martes 22, 140 millones el miércoles 23 y 80 millones el jueves 24.
Un volumen de pérdidas mayor que el de la semana anterior, a pesar de tener un día hábil menos, explicita la aceleración en el ritmo de las intervenciones: fueron USD 516 millones los que salieron del BCRA. El lunes 13 de marzo, la caída fue de 87 millones; el martes 14, de 145 millones; el miércoles 15, de 87 millones; el jueves 16, de 58 millones; y el viernes 17, la caída había sido de 139 millones
A la pérdida de reservas y a la inflación de tres dígitos ya mencionada, se suman las dificultades en las que se encuentra el Gobierno para acceder a financiamiento, la disminución en la recaudación agravada sobremanera por la sequía meteorológica, y la creciente brecha entre los distintos tipos de cambio, que incluyen numerosos dólares financieros que comenzaron a tomar vida propia.
Ante este cuadro de situación, el decreto 164 obligará a las entidades públicas no solo a vender sus bonos en dólares ley argentina (BONARES), sino también a vender sus bonos en ley de Nueva York (Globales). Para el caso de los BONARES, con el 70% de los pesos que se reciban por la venta obligada de bonos en dólares deberán comprarse bonos en pesos al tesoro; mientras el 30% restante podrá ser invertido como la entidad lo disponga. Para el caso de los Globales, deberá hacerse un canje por bonos duales.
José Dapena, economista de la Universidad del CEMA, destacó en el programa Qué Hacemos con los Pesos de A24 la necesidad de financiamiento del tesoro ante un año electoral. Al no estarlo logrando, debido a la posibilidad ya extenuada de aprovechar la emisión monetaria mediante adelantos transitorios del tesoro por los efectos que esto tuvo en los últimos dos años sobre la inflación, se recurren a este tipo de medidas.
Para comprender el panorama previo al decreto es también útil tener en cuenta los déficits financieros de enero y de febrero, en torno a los 500 mil y 485 mil millones de pesos respectivamente (muy encima de lo esperado), y un financiamiento neto positivo que, para ambos meses, no alcanzó la mitad de esos 985 mil millones.
Buscándose resolver un financiamiento en pesos, evitando la emisión por parte del BCRA, y una contención del dólar CCL y de la brecha, obteniendo dólares para intervenir en el mercado cambiario; se especula que del llamado “70%” que las entidades públicas deberán invertir en bonos del tesoro tras la venta de dólares, se podrían obtener unos USD 4 mil millones de dólares. Sin embargo, aunque en principio se contempla que el Banco Central estaría excluido de la venta de bonos, todavía no termina de haber certezas al respecto.
Si bien hasta ahora las medidas sirven para entender las intenciones de quienes la proponen, la operativización de las mismas podría chocar con judicializaciones que, en la práctica, podrían disminuir o anular sus objetivos; como es el caso de los Fondos de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, que quedarían sumamente expuestos a la volatilidad del peso argentino en los próximos meses de elecciones y cambio de gobierno.
Mirá el análisis en el programa
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