El miércoles pasado la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que contempla la modificación de la Ley de Alquileres, aprobada por 191 votos a favor, 24 abstenciones y ningún voto en contra.
Las principales modificaciones que plantea son:
-Cambio de 2 a 3 años el período mínimo de alquiler y actualización anual indexada a un índice que saldrá de las variaciones del IPC (Índice de precios al consumidor) y el RIPTE (remuneración promedio de los trabajadores).
-Modificaciones en el tema de las garantías y depósitos.
-Inscripción del contrato en AFIP
-Expensas extraordinarias a cargo del propietario
-Creación del programa nacional de alquiler social
En un análisis sobre los beneficios que obtendrían las partes, propietario e inquilino, Mariano Otálora advirtió que “esta ley estaba pensada para cubrir a los inquilinos, pero hay dudas sobre el real efecto”.
Por parte de los propietarios, un informe de Reporte Inmobiliario muestra que la renta bruta por alquileres está por debajo de 2% en dólares, un mínimo histórico de utilidad en inversión inmobiliaria.
Por otra parte, una comparativa de los valores de alquileres de un dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires, refleja los siguientes datos:
“Si uno hace el ajuste con la variable que plantea la ley, hoy los alquileres serían más caros”, remarcó Mariano Otálora. “Con una fuerte caída del salario real y con un nuevo Presidente declarando que buscará recuperar los salarios, es raro ver que esta combinación de índices que plantea la Ley no estaría favoreciendo a los inquilinos, sino todo lo contrario”, resaltó Otálora.
“De alguna manera con esta Ley el Estados se esté metiendo en un contrato entre privados y está cerrando la negociación a algo determinado. Si el objetivo es reducir la carga de la vivienda en el ingreso de un persona, creo que lo que se debería intentar es volver a dar crédito hipotecario de largo plazo, de alguna manera”, advirtió Daniel Vicien, director Comercial de Balanz.
“Esta ley puede generar que se retiren ofertas y por tanto, suban los precios, o incumplimientos de contratos”, remarcó.
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