Era un acuerdo que, desde el vamos, estaba llamado a levantar polvareda.
En una jugada que recordaba más a las épocas de Guillermo Moreno que a la vocación “aperturista” propia del macrismo, el Gobierno se había comprometido con los empresarios del sector del calzado a “topear” importaciones y así garantizarle a la industria nacional una mayor cuota de mercado.
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El pacto al que llegaron ambas partes a fines de octubre era trascendente para esta rama de actividad, porque se daba en un contexto en el que las ventas internas de esta categoría venían desplomándose un 15%, lo que derivó en el cierre de plantas.
Según informó la propia Cámara de la Industria del Calzado (CIC), el Ministerio de Producción les había garantizado un cupo que limitaba por dos años la entrada de zapatillas y zapatos.
En concreto, el Gobierno se comprometía a que las mismas no superaran los 24 millones de pares tanto en 2016 como en 2017.
«Hemos hecho un acuerdo de partes, con muy buena voluntad del lado del Gobierno Nacional, que este año está cerrado en 24 millones de pares y el año que viene en la misma cantidad», afirmaba el titular de la CámaraSellaro.
En ese sentido, el directivo destacaba que en 2015 habían entrado al país 22,7 millones de pares del exterior.
Esto implicaba un crecimiento «controlado» de las importaciones del orden del 5% para el 2016, en tanto que -según el directivo- el macrismo volvería a “topear” la entrada en 2017.
Sin embargo, fuentes de la CIC advirtieron a iProfesional que, aun faltando computar algunos días correspondientes a diciembre, el acuerdo no se respetó.
“Habíamos arreglado en 24 millones de pares pero los ingresos por Aduana ya superaron los 26 millones. Son dos millones más de lo acordado y todavía hay que contabilizar los datos de la última semana”, señaló.
“Este año estamos sufriendo una caída del 15% en cuanto a ventas. Ya los 24 millones de pares eran una cifra que incomodaba, pero nos daba certidumbre saber que había cierto cuidado hacia la industria nacional. Ahora estamos realmente preocupados”, indicó la misma fuente.
En cuanto a los niveles de producción, desde la cámara aseguran que un número optimista es alcanzar los 110 millones de pares, lo que implicaría unos 10 millones menos que en 2015.
Una medida controvertida
Este acuerdo, por cierto, había generado polémica porque la fijación de cupos de manera unilateral por un país es una medida que está prohibida por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
De hecho, en épocas del kirchnerismo, la Argentina fue uno de los países más denunciados ante este organismo internacional por las prácticas que limitaban el comercio y que no estaban en línea con la normativa.
La «cuotificación» en la entrega de dólares para importar por parte del BCRA, la imposición del famoso esquema «1 a 1» que obligaba a compensar las compras al exterior con ventas al mundo, o el uso arbitrario de las polémicas DJAI formaron parte del combo de medidas.
La llegada del macrismo supuso un giro de 180 grados en el manejo de la política exterior.
Por eso, no dejaba de llamar la atención este tipo de medidas, que van a contramano del plan oficial de normalizar las relaciones internacionales y la adminitración del comercio.
Por eso es que desde el inicio mismo había dudas sobre cómo el Ministerio de Producción iba a hacer para respetar este acuerdo alcanzado con la Cámara de la Industria del Calzado.
«Esto no está permitido y puede generar protestas desde los gobiernos países que nos proveen, como China, Vietnam e, incluso, Brasil», había advertido a este medio Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria.
«Hablar de un número específico de importaciones, como en este caso, que se dijo públicamente que no entrarán más de 24 millones de pares, es un acuerdo que sin dudas va a generar quejas», concluía el experto.
Sin embargo, las estadísticas ahora muestran que el acuerdo terminó naufragando.
Fuente: iProfesional
