El Gobierno apunta a aumentar el consumo público y privado para el último cuatrimestre del año. Para septiembre ya está planificado el aumento del salario mínimo vital y móvil financiado a través de la emisión monetaria. Esta medida impacta también en el sector de la sociedad que depende de los planes sociales que están atados a la suba del salario mínimo.
De esta forma, como suele suceder en los años impares electorales, generará un incremento del déficit fiscal. La situación actual es que la inflación está por encima de los salarios. En este sentido el analista Damián Di Pace advirtió que “Tenés una canasta básica de $27.600 y un salario mínimo de $25.400 6% por debajo. Por tanto el Gobierno adelantará de febrero a septiembre el salario vital y móvil”.
No todo lo que brilla es oro. El problema fundamental que tiene el Gobierno es que no tiene los recursos para poner plata en la calle, y sólo le queda la emisión monetaria. Ya conocemos las consecuencias que impactan en la devaluación del peso y la inflación. Los niveles actuales de inflación y devaluación responden fundamentalmente a la emisión record que se hizo el año pasado
Los incentivos del Gobierno buscan que la gente llegue a octubre con algún peso en el bolsillo y paliar el actual contexto de pandemia en que muchos sectores de la sociedad se vieron muy afectados. Hay que tener en cuenta que, con todo el esfuerzo que significan las medidas, existen sectores a los cuales no les llega el impacto de las medidas. El sector independiente y autónomo de la economía formal y el enorme sector de la economía informal.
El interrogante es qué sucederá después de las elecciones según según Dipace “el Gobierno hace un esfuerzo muy grande para tratar de recuperar el motor de la demanda de la economía, que en definitiva se va a terminar perjudicando el mismo sector que se ayuda”. Ante la emisión y el déficit pareciera asegurado un 2022 con inflación y devaluación. Pero lamentablemente ante todo, están las elecciones.
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