En julio pasado se cumplieron los primeros 20 años del Sistema de Riesgos de Trabajo. Son parte de este, unos diez millones de trabajadores y un millón y medio de empleadores. La llegada del sistema permitió construir un escenario laboral mucho más seguro para los argentinos. En estos años, como consecuencia de los trabajos de prevención se logró reducir las estadísticas de fallecidos en accidentes laborales en un 69 %.
Entre 2007 y 2015, el sector agrícola pasó de registrar 112 accidentes por cada 1000 trabajadores a 83. La industria bajó sus accidentes de 124 a 91. La construcción, el sector más riesgoso, disminuyó los siniestros de 185 a 127. Y el comercio pasó de 81 a 60 accidentes.
Todos estos avances en la salud y seguridad ocupacional de los argentinos, sin embargo enfrentan hoy una importante amenaza: el sideral incremento de los juicios a las aseguradoras.
En los últimos trece años, la cantidad de juicios por accidente se multiplicó por 39. Según un informe de la Unión de ART (UART), este año terminará con 116.115 juicios iniciados. En todo 2003 se registraron apenas 3012 juicios. La cifra no paró de crecer desde entonces.
¿Un sistema efectivo pero en riesgo?
En 2012, un cambio en la ley de ART eliminó la «doble vía» judicial. Hasta ese entonces, la Corte Suprema había habilitado una doble indemnización. El trabajador damnificado podía cobrar la indemnización que establecía la ART en base a una tabla de siniestros y luego hacerle un juicio a su empleador. Con la nueva norma, se imposibilitó la doble vía. Por tanto, el trabajador debe optar por cobrar a la ART o hacer el juicio.
La realidad muestra que la reforma “liberó a los empleadores de los juicios por responsabilidad civil, pero esas demandas se redireccionaron hacia las ART. Un sistema pensado para dar respuesta pronta y efectiva en la atención médica y en el resarcimiento dinerario, ha sido puesto tras las cuerdas por un embate judicial desmedido”, remarcaron en el informe.
Analizando este fenómeno desde UART se entiende que buena parte de la solución a esta grave problemática se encuentra en manos del Poder Judicial.
Entre las materias de notoria y heterogénea interpretación judicial, que inciden de manera muy gravitante en la cantidad de nuevos juicios que ingresan cada año, está el de la valoración de la incapacidad.
La Reforma del año 2012 previó una tabla mediante la cual se establecen los porcentajes de incapacidad correspondiente a cada daño o incapacidad permanente, con el objetivo de dar celeridad, certidumbre y tratamiento equitativo a los trabajadores que quedan con una incapacidad permanente. Esta tabla suele no ser utilizada por los peritos judiciales.
Por tanto, por un lado los jueces aplican distintos criterios para interpretar la ley. Por otro lado, los peritos que deben establecer qué indemnización corresponde, juegan su partido, entre otras cosas, porque sus honorarios están atados al monto del fallo.
“El punto de equilibrio se encontrará cuando se pueda gestionar este sistema con mecanismos que brinden interpretación unívoca de sus parámetros y automaticidad en cuanto a las prestaciones determinadas. De esta manera se podrá operar con bases aseguradoras”, destacan desde la UART en el informe.
El Gobierno y distintos bloques de diputados, analizan cambios en la ley de ART para tratar de solucionar el problema.
