El Sistema de Riesgos del Trabajo celebra sus primeros 25 años. Constituyó un hito ligar la prevención y la reparación como forma de un abordaje integral de la seguridad y salud ocupacional.

Así, con el acuerdo de trabajadores, empleadores y el Estado, se sancionó la Ley 24.557 que estableció las responsabilidades y compromisos de cada uno de estos protagonistas del cambio.

A través de los años se tornó una constante, en el contexto de quienes integran el entramado productivo,  elegir, una y otra vez, este sistema como forma de respuesta y abordaje de los riesgos del trabajo.

Evolución. El Sistema comenzó operando con 3,9 millones de trabajadores y 388 mil empleadores. 25 años después, cubre a 9,6 millones de trabajadores y más de un millón de empleadores. Entre todos, cada uno en su rol, con estrategias de prevención que fueron perfeccionándose y especializándose en sectores y riesgos, se logró reducir considerablemente los accidentes en ocasión del trabajo. De hecho, los fallecimientos por esta causa descendieron 80%, lo que significa haber salvado 14.000 vidas.

Fue un cuarto de siglo de evolución, dinamismo y adaptación a diferentes circunstancias que atravesaron al país y al mundo. Fue un período de incorporación de mejoras, más servicios, prestaciones y nuevas tecnologías aplicadas tanto a la prevención, como al tratamiento de las afecciones. Y este desafío prosigue. Es un proceso de mejora continua que exige acompañar los cambios que la realidad va imponiendo al mundo del trabajo.

Pandemia. El Covid 19 nos puso ante un reto impensado e imprevisto. Una enfermedad, nueva y ajena a un sistema formulado para atender riesgos del trabajo, que debió readecuarse en horas para enfrentar la amenaza de esta epidemia global. En más de un año ya de este flagelo, el conjunto de las ART atendieron más de 360 mil trabajadores afectados por Covid, en simultáneo con los casos habituales y típicos de accidentes laborales.

Se atendieron los dos frentes, a pesar de los incontables obstáculos que planteaban las condiciones de aislamiento y el escenario cambiante.  Y en ese contexto se superaron las 23 millones de acciones virtuales en prevención, entre abril 20 y mayo 21.  Y en 2020, a pesar de las dificultades, se brindaron cerca de 5 millones de prestaciones médicas integrales.

Litigiosidad. Sin embargo, no todo fluyó como estaba previsto. El sistema  fue pensado para, en primer lugar, prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y, en caso de producirse, resolver de manera administrativa y ágil los daños de un accidente o enfermedad laboral, atendiéndolo hasta su máxima curación posible. Si aún así, quedaran secuelas o discapacidades, resarciéndolas económicamente.

Pero, desde 2004, con jurisprudencia adversa a nivel del máximo tribunal, fueron ingresando más y más juicios a grado tal de poner en peligro su sustentabilidad. A pesar de todas las mejoras que se fueron incorporando, tanto en términos de prevención de siniestros y de cobertura y servicio, como de montos indemnizatorios, la andanada judicial no disminuía. Esto demostró que ya no dependía de los cambios que se pudieran generar a su formulación.

La litigiosidad se confirmó como un fenómeno exógeno al sistema amenazando seriamente su sustentabilidad. Por tal razón, en 2017 se reformó la Ley con acuerdo de todos los sectores políticos, empresariales y sindicales, en un hecho casi sin precedentes. 15 provincias más CABA, que concentran el 94% de la litigiosidad, ya adhirieron a la misma. Se estableció un procedimiento previo, consistente en el paso por comisiones médicas, como condición para cualquier presentación judicial posterior. En esa instancia fueron encontrando solución un alto porcentaje de los reclamos.

Asimismo, se estableció la necesidad de conformar un nuevo sistema pericial, los Cuerpos Médicos Forenses (CMF), que ajustaran sus dictámenes al Baremo, tabla de medición de incapacidades incluida en la Ley. Y, además, se incrementaron las indemnizaciones. En un primer momento, los juicios comenzaron a disminuir considerablemente. Pero la inexplicable demora en constituir los CMF, en cada una de las justicias de las provincias adheridas a la Ley, está impidiendo consolidar ese avance fundamental para darle sustentabilidad al sistema.

Al pernicioso efecto de la falta de CMF, se suman tasas de actualización  judiciales sobredimensionadas e inalcanzables con las inversiones vigentes, en un sistema que opera en condiciones de infra tarifación. Resulta imprescindible que se mantenga una adecuado equilibrio entre la cobertura y su financiamiento para seguir cumpliendo, como lo viene haciendo el sistema.

Futuro. Esta respuesta plena e integral desde su creación, fue convirtiendo a la cobertura de accidentes de trabajo en un verdadero aspiracional para los colectivos que aún carecen de ella. Autónomos, monotributistas, cooperativistas, demandan contar con esta protección que da respuesta a la problemática 24 x 7. Que, además,  tiene una alta valoración entre trabajadores y empleadores, que crece aún más entre aquellos que tuvieron que recurrir a sus servicios.

El desafío continúa. Estos primeros 25 años permitieron consolidar el sistema, hacerlo conocido y valorado. Las ART demostraron su eficacia y utilidad operativa. Evolucionaron, se perfeccionaron, se adecuaron a las exigencias de un mundo laboral en constante cambio. Es un logro colectivo que debemos cuidar y seguir mejorando. Por eso resulta imperioso atender los ya explicados pendientes, y muy especialmente el de la constitución de los CMF, para cerrar virtuosamente y sin puntos de fuga, el procedimiento que establecieron nuestros legisladores nacionales y los de las 15 provincias que adhirieron. Confiamos en que la Justicia, pues de ella depende, dé el tan esperado paso.