La Justicia porteña confirmó que el cobro, por parte de las inmobiliarias, de más de un mes de comisión por los alquileres de viviendas destinadas a a ser vivienda única en la Ciudad de Buenos Aires es ilegal.
Así lo resolvió la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al confirmar un fallo de primera instancia que resolvió la ilegalidad de esa modalidad extendida entre las inmobiliarias porteñas.
La medida entrará en vigor cuando el fallo quede firme a comienzos de febrero, tras la feria judicial de enero, y beneficiará a unos 900 mil inquilinos.
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La sentencia judicial obliga asimismo al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) a ejercer un control integral adecuado sobre sus matriculados, para evitar que se cometan estos abusos.
La medida, que beneficiará a los inquilinos de vivienda única, es producto de un amparo promovido en febrero de 2016 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e Inquilinos Agrupados en contra de una resolución de la entidad que agrupa a los agentes inmobiliarios.
El fallo fue dictado por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso porteña la última semana del 2016 pero se conoció recién hoy, tras ser notificadas las partes.
Los camaristas Mariana Díaz, Fabiana Schafrik y Fernando Juan Lima desestimaron la apelación planteadas por Cucicba contra la sentencia de primera instancia.
En un comunicado difundido por la demandante asociación ACIJ, se resaltó que «a partir de que el fallo quede firme -lo que se dará en los primeros días de febrero, en caso que Cucicba no insista en nuevos planteos dilatorios de la sentencia que lo condena-, ninguna inmobiliaria de la Ciudad podrá cobrar a los inquilinos comisiones por más del 4,15% del contrato (equivalente a un mes promedio de alquiler), ni otros gastos sin debida rendición de cuentas tal como ilegalmente hacían en muchas oportunidades».
La entidad consideró que «en una Ciudad de Buenos Aires con una creciente proporción de alquileres, esta sentencia representa un avance enorme para la defensa del derecho a la vivienda de más de 900 mil personas, un tercio de la población de la Ciudad».
«Es un gran aporte hacia un mercado formal de alquileres cada vez menos expulsivo», sostuvo Sebastián Pilo, co-director de ACIJ.
Anticipó que «durante 2017 seguiremos desarrollando acciones en defensa de los inquilinos y por el fin de los abusos que afectan el acceso a la vivienda de quiénes habitan en la Ciudad».
Fuente: La Nación
