El 22 de abril fue una fecha clave para la Argentina. Ese día el Gobierno giró los USD 9.300 millones a los holdouts que habían aceptado la propuesta oficial, aplicando una quita del 44% en relación al monto original de los reclamos. “Este arreglo nos vuelve a conectar con el mundo. Marca una diferencia de rumbo y de actitud de esta administración por resolver losproblemas. Es el final de un largo camino que nunca debió existir y que fue tremendamente costoso para el país”, había dicho en ese momento el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay.

El final de esta historia que llevó 14 años en solucionar aún tiene un tema por resolver que, en el corto plazo, no tendrá resolución. Quizás, incluso, nunca la tendrá. Esto es el grupo, mínimo, de inversores que no aceptaron la oferta oficial o que ni siquiera aparecieron a manifestar su deseo o no de tomar la propuesta argentina.

Están los denominados “inversores fantasmas” que tienen bonos de la argentina en default y que no respondieron las cartas enviadas por los bancos de inversión que trabajaron con el gobierno para aceptar o no la propuesta de canje. El rótulo de “fantasmas” viene a cuento de que en muchos casos, no se puede determinar quiénes son las personas que realmente tienen esas tenencias en default. Las cuentas custodio donde están depositados esos bonos no tienen movimientos hace años y se desconoce el paradero del bonista. “Hubo gente que quizás murió, otro que se olvidó que tenía bonos de Argentina, o fue una herencia que alguien recibió y que tampoco sabe que estaba este proceso en marcha“, relata una fuente oficial al respecto.

Calculan en Hacienda que estos inversores que no dieron señales de vida cuando se los intentó buscar, o que no se acercaron a ningún banco para interiorizarse de la oferta argentina, no aparecerán en el corto plazo. “Siempre está la posibilidad de que alguno venga a pedir el mismo tratamiento que dimos en el canje. Sigue abierto, con lo cual podrá tomarlo. Pero es muy usual en estos casos que haya parte de la deuda que nunca se reclame“, afirmaba la fuente de Hacienda.

Es muy usual en estos casos que haya parte de la deuda que nunca se reclame, dicen en Hacienda

¿Cuánto representan estos inverores que muy probablemente nunca reclamarán sus pagos? Se calcula que USD 1.000 millones son los que están en juego.

Después hay otra clase de bonistas que engordan la lista de los que no aceptaron la oferta que serían pequeños ahorristas de varios países, entre ellos muchos inversores argentinos. Serían 700 individuos que decidieron no aceptar y lanzar una demanda colectiva. Están representados por el abogado Marc Spencer, que aglutinó a varios reclamos individuales donde está el denominado “Grupo Varela” y los bonistas locales liderados por Horacio Vázquez, bajo el paraguas de la Asociación de Damnificados por el Default y la Pesificación (Adapd). Todos ellos suman otros USD 867 millones según cálculos oficiales.

Los bonistas locales plantean que el Gobierno tiene un trato discriminatorio hacia ellos porque -dicen- no fueron atendidos sus reclamos como “sí lo hicieron con los grandes fondos buitre”. Desde Hacienda se limitan a decir que no pueden ofrecer otra cosa que al resto de los acreedores, y que la única alternativa es tomar la propuesta que se presentó este año.

Hay 700 individuos que decidieron no aceptar y lanzar una demanda colectiva

¿Qué hará el Gobierno con estos pasivos sin resolución? Desde la cartera que comandó Prat-Gay dicen que “seguiremos trabajando para que más bonistas acepten la propuesta“. El Gobierno tiene al 90% de quienes reclamaron en el bolsillo. Ese 10% restante son los “intransigentes” liderados por el abogado Spencer.

Fuera de esa órbita están los USD 1.000 millones que no reclamaron nunca pero que el Gobierno y los bancos saben que están en títulos en default de la Argentina. “Son pasivos contingentes, no dejan de ser pasivos. Pero lo cierto es que puede ser que nunca sepamos de ellos“, señala un funcionario de la cartera económica.

Fuente Infobae