AySA vuelve a manos privadas: ¿mejora histórica o conflicto asegurado?

AySA vuelve a manos privadas: ¿mejora histórica o conflicto asegurado?

Puede ser una de las privatizaciones más importantes del gobierno de Javier Milei. Y, casi con seguridad, una de las más polémicas. No se trata de cualquier empresa ni de cualquier negocio. Se trata del servicio de agua potable y cloacas en el área urbana más grande de la Argentina. Es decir, un servicio esencial que toca la vida diaria de millones de familias, atraviesa la política, mueve miles de millones de dólares en inversión y, por supuesto, abre un debate enorme sobre tarifas, control estatal y rentabilidad privada.

La decisión oficial es avanzar con la concesión de AySA a un operador privado. La operación apunta a recaudar al menos 500 millones de dólares y a transferir la prestación del servicio a una empresa capaz de sostener e incrementar inversiones durante las próximas décadas. Para el Gobierno, la lógica es simple: el Estado no tiene recursos para hacer las obras que faltan. Para los críticos, también hay una pregunta simple: si la empresa ahora está ordenada y genera superávit, ¿por qué privatizarla?

Ahí está el corazón del conflicto. Y por eso esta historia importa tanto.

Qué es AySA y por qué su privatización pesa tanto

AySA es la empresa encargada del servicio de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense. Su tarea incluye captar y potabilizar agua del Río de la Plata, distribuirla, recolectar efluentes cloacales, tratar aguas residuales, mantener redes existentes y expandir la infraestructura sanitaria.

No es una empresa menor. Atiende a más de 14 millones de personas y opera en el conglomerado urbano más importante del país. Entre los distritos alcanzados aparecen, entre otros, La Matanza, Avellaneda, Ezeiza, Florencio Varela, Quilmes, San Martín, San Isidro, Tigre, Hurlingham, Ituzaingó, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Tres de Febrero y Vicente López.

Además, AySA opera dos de las plantas potabilizadoras más importantes del mundo por volumen de servicio prestado:

• Planta General San Martín, ubicada en Palermo.
• Planta General Belgrano, en Bernal, una obra inaugurada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Todo esto explica por qué la concesión no puede analizarse como una privatización más. Acá no se vende una marca ni una fábrica. Se redefine quién gestiona un servicio básico para millones de personas.

Por qué el Gobierno quiere concesionar AySA

La explicación oficial gira alrededor de una palabra: inversión.

Para mantener la calidad actual del servicio y, sobre todo, para extenderlo a zonas donde todavía no llega como debería, hacen falta miles de millones de dólares a lo largo de muchos años. No es una cifra para un presupuesto anual ni para una obra puntual. Es una exigencia estructural, de largo plazo, propia de un sistema sanitario metropolitano gigantesco.

La posición del Gobierno es que el Estado argentino no tiene esa capacidad financiera. Y que, aunque AySA se haya ordenado, la escala de inversión requerida supera lo que hoy puede aportar el sector público. Por eso busca un operador privado con dos condiciones:

• Conocimiento técnico sobre el negocio del agua y el saneamiento.
• Espalda financiera para afrontar compromisos multimillonarios.

En otras palabras, la empresa puede haber mejorado sus números, pero el argumento central no pasa por su balance corriente, sino por el dinero que hace falta para sostener y expandir el sistema durante décadas.

La gran paradoja: AySA se ordenó justo antes de la privatización

Uno de los puntos que más ruido genera es que AySA dejó atrás su etapa más desordenada y empezó a mostrar números positivos.

En 2024 logró, por primera vez desde 2007, un superávit operativo. Según los datos difundidos, el balance mostró una ganancia neta de 48.288 millones de pesos, contra pérdidas de 382.859 millones registradas en 2023.

Después, en 2025, la empresa reportó un superávit económico neto de 237.000 millones de pesos y aseguró haber reducido su deuda en un 85 por ciento. También afirmó que pudo funcionar sin aportes del Tesoro Nacional.

¿Cómo se dio esa mejora? Básicamente por tres factores:

• Actualización de tarifas.
• Mejora en la cobranza.
• Reducción del gasto operativo.

Es decir, el combo clásico de ajuste, licuación de costos y suba tarifaria. El resultado es que la AySA que se ofrece al mercado no es una empresa hundida en deudas, sino una compañía saneada, con ingresos más sólidos y con potencial de rentabilidad.

Y esa es precisamente la objeción política más fuerte: si ahora es una empresa ordenada y capaz de generar ganancias, entonces el privado no recibiría un problema, sino una joya lista para explotar comercialmente.

Cómo sería la privatización

El esquema previsto combina venta accionaria, concesión operativa y apertura parcial al mercado de capitales.

Venta de acciones

El Estado nacional vendería entre el 51 y el 90 por ciento de las acciones que hoy controla en AySA.

La idea es repartir ese paquete de la siguiente manera:

• Una porción mayoritaria quedaría en manos del concesionario privado.
• Otra parte podría colocarse en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
• El 10 por ciento restante quedaría para los trabajadores, mediante un programa de propiedad participada.

Ese mecanismo de participación para empleados recuerda a las herramientas usadas en los años noventa durante el proceso de privatizaciones de la era Menem.

Licitación internacional

La licitación sería internacional, con recepción de ofertas hasta el 27 de agosto. El objetivo oficial es atraer tanto a jugadores locales como a operadores globales del sector de agua y saneamiento.

Sin embargo, atraer capital extranjero no depende solo de que la empresa sea rentable. También pesa la memoria de lo que pasó con Aguas Argentinas y el grupo francés Suez. Ese antecedente sigue siendo una advertencia para cualquier inversor internacional que mire el caso argentino.

Plazo de la concesión

El contrato se piensa a 30 años, con posibilidad de prórroga por 10 años más. Eso significa que el operador que ingrese podría manejar el servicio entre 2027 y 2057, o incluso más allá.

Es un dato decisivo. La discusión no impacta solo en este gobierno. También condiciona a todos los que vengan después.

Qué pasará con los 500 millones de dólares

La meta oficial es obtener un piso de 500 millones de dólares por la operación. Ese dinero no quedaría para financiar obras de agua ni para reforzar directamente la estructura de AySA.

El destino previsto sería:

• Reforzar reservas en una primera etapa.
• Pagar deuda posteriormente.

Ese criterio surge de los compromisos asumidos por la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional en la revisión de cuentas de 2025 y en el acuerdo firmado en abril de ese año. En ese marco, las privatizaciones y concesiones deben contribuir al fortalecimiento de reservas y eventualmente a la cancelación de deuda externa.

Hay un punto adicional que también genera discusión: el Gobierno comprometió que el 10 por ciento de lo recaudado por privatizaciones y concesiones se destine a renovación de armamento para las Fuerzas Armadas.

Otra vez, el debate es inevitable. Se privatiza un servicio esencial, se cobra por el traspaso y esos fondos no se vuelcan al sistema concesionado, sino a la macroeconomía y a otros destinos definidos por el Estado.

La historia detrás del conflicto: de Obras Sanitarias a Aguas Argentinas

Para entender por qué este proceso despierta tantas dudas, hay que mirar para atrás.

En los años noventa, el gobierno de Carlos Menem avanzó con una ola de privatizaciones que incluyó telefonía, rutas, gas, medios de comunicación y otros servicios públicos. En ese marco también se privatizó Obras Sanitarias de la Nación.

En 1993, la concesión quedó en manos de Aguas Argentinas, liderada por el grupo francés Suez en asociación con otras firmas internacionales como Aguas de Barcelona, además de algunos socios argentinos minoritarios.

Durante bastante tiempo, el sistema funcionó razonablemente bien. Pero había una condición clave en el contrato: las tarifas estaban dolarizadas. Era la época de la convertibilidad, del uno a uno, y ese esquema parecía estable.

Hasta que llegó 2001.

Con la crisis, la devaluación y la salida de la convertibilidad, las tarifas se pesificaron, como ocurrió con otras concesiones. El problema fue que ese cambio no estaba previsto en el contrato original. A partir de ahí se rompió el equilibrio económico sobre el que se había firmado la concesión.

Después vino otro problema todavía más serio: la reducción de inversiones comprometidas. El servicio empezó a deteriorarse y en varias zonas la calidad pasó a ser mala o directamente muy mala.

Cómo nació AySA

En 2006, frente a la falta evidente de inversión, el gobierno de Néstor Kirchner decidió dar por terminada la concesión de Aguas Argentinas, desplazar a Suez y crear AySA como empresa estatal.

La idea fue recuperar el control público del servicio y relanzar la gestión bajo otra estructura. Desde entonces, AySA quedó en manos del Estado y encaró obras de infraestructura financiadas con recursos públicos. Entre ellas, la expansión del sistema y grandes plantas como la de Bernal.

Pero la salida no fue limpia.

El juicio internacional que todavía pesa

Suez llevó el caso al CIADI, el tribunal arbitral vinculado al Banco Mundial. Allí reclamó por la interrupción de la concesión y terminó obteniendo un fallo favorable. La Argentina, como en tantos otros casos, perdió el litigio y quedó obligada a afrontar pagos millonarios.

Más adelante se llegó a un acuerdo económico para cerrar el conflicto, pero la señal quedó grabada en la memoria del mercado: en la Argentina, una concesión de servicios públicos puede terminar en una pelea política, judicial y financiera de escala internacional.

Esa es una de las principales razones por las cuales el nuevo proceso busca blindar jurídicamente al futuro operador.

Las nuevas reglas para seducir inversores

Si el Gobierno quiere atraer a operadores internacionales, necesita ofrecer algo más que una empresa rentable. Necesita garantizar que no se repetirá el camino que terminó mal para Suez.

Por eso, el diseño de la nueva concesión incluiría un capítulo fuerte de seguridad jurídica. La lógica es dar previsibilidad al inversor sobre tres cuestiones centrales:

• Reglas tarifarias claras.
• Garantías frente a cambios de política.
• Protección ante una eventual renacionalización futura.

Tarifas en pesos, pero ajustables

La nueva tarifa no estaría atada al dólar como en los años noventa. Sería en pesos, aunque con posibilidad de ajuste por inflación. Con eso se busca evitar el viejo problema de un contrato rigidizado por una moneda extranjera en una economía inestable.

Corte del servicio por falta de pago

Acá aparece uno de los cambios más sensibles. El futuro concesionario podría cortar el servicio a quien no pague la factura. Hoy eso no ocurre con el agua, aunque sí pasa con servicios como gas y electricidad.

La modificación es profunda porque cambia la lógica social y regulatoria del servicio. El agua deja de tener un tratamiento diferenciado y pasa a estar más cerca del esquema comercial tradicional de los otros servicios públicos.

Mayores tarifas en zonas de más ingresos

También se prevé habilitar incrementos tarifarios adicionales en áreas residenciales de mayor poder adquisitivo y revisar el esquema de subsidios en toda el área de cobertura.

La intención es mejorar la caja del concesionario y asegurarle ingresos suficientes para cumplir con el plan de inversiones que imponga el pliego.

Qué garantías tendría el privado si el Estado cambia de idea

Otro punto central del contrato sería el resguardo frente a una eventual estatización futura.

La idea no es solamente que el concesionario pueda litigar después. El blindaje iría un paso antes. Si el Estado quisiera recuperar la empresa, primero tendría que indemnizar al operador, pagar el valor correspondiente y recién entonces podría avanzar con la renacionalización.

Es un esquema parecido al utilizado cuando se recuperó YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: antes de desactivar la posición del privado, hay que valuarla y pagarla.

Esto busca que el costo de una marcha atrás sea tan alto que funcione como freno político y financiero. En otras palabras, convertir una futura estatización en una decisión extremadamente cara.

La pregunta de fondo: ¿puede un privado hacer lo que el Estado no pudo?

La promesa oficial es clara: un operador serio, con experiencia y capital, podría hacer las inversiones que el Estado no está en condiciones de afrontar. Ese es el corazón económico de toda la operación.

Pero ahí también aparece la gran duda argentina de siempre. Que el privado tenga rentabilidad garantizada no significa por sí solo que vaya a invertir como debe. La historia de Aguas Argentinas muestra justamente eso: una concesión rentable puede terminar igual en deterioro, conflicto y litigio.

Entonces, el desafío no pasa solo por privatizar o no privatizar. Pasa por cómo se regula, qué controles existen, qué metas concretas de inversión se exigen y qué sanciones reales se aplican si no se cumplen.

El pliego debería definir con precisión:

• Qué obras son obligatorias.
• En qué zonas debe ampliarse el servicio.
• Qué plazos tendrá cada etapa.
• Cómo se controlará la ejecución.
• Qué consecuencias habrá ante incumplimientos.

Sin ese andamiaje, la privatización corre el riesgo de quedar reducida a una transferencia de rentabilidad futura con promesas de inversión difíciles de verificar.

Por qué esta privatización puede marcar una época

AySA no es solamente una empresa. Es una pieza crítica de la vida social, sanitaria, económica y política de la Argentina. Lo que ocurra con su concesión va a tener efectos concretos sobre:

• La calidad del servicio.
• La expansión del agua potable y cloacas.
• El nivel de tarifas.
• El acceso de los sectores más vulnerables.
• La relación entre Estado y capital privado.
• La seguridad jurídica de futuras inversiones.

Por eso no alcanza con discutir si el Estado es mejor o peor administrador. La pregunta real es mucho más incómoda: ¿quién puede garantizar un servicio esencial, sostenible y universal en un país con crisis fiscales crónicas, antecedentes de incumplimiento contractual y necesidad urgente de infraestructura?

El Gobierno apuesta a que la respuesta sea el sector privado. Los críticos temen que el costo social sea alto y que la historia vuelva a repetirse. Entre una mejora histórica y un conflicto asegurado, lo que se está jugando es bastante más que un negocio. Aunque, una vez más, alrededor de todo esto también haya negocios. Y negocios, en la Argentina, casi nunca son solo negocios.

Fuente: NEGOCIOS SON NEGOCIOS. Canal Mundo Dinero. Link: