Argentina pagó el costo y otros hicieron el negocio: el juicio por Aerolíneas Argentinas
Argentina pagó el costo y otros hicieron el negocio: el juicio por Aerolíneas Argentinas
En la Argentina nunca hay que relajarse, sobre todo cuando se pierde un juicio internacional y se debe plata. Porque mientras el Estado demora, los intereses corren, los derechos de cobro cambian de manos y aparece alguien dispuesto a hacer un negocio enorme con un problema que otro creó.
Eso es lo que ocurrió con la reestatización de Aerolíneas Argentinas. La decisión de recuperar la compañía podía tener fundamentos. La empresa estaba en una situación crítica, su continuidad operativa estaba amenazada y el grupo español Marsans atravesaba sus propios problemas. Pero una cosa es decidir nacionalizar y otra muy distinta es hacerlo sin respetar los compromisos jurídicos que el propio país había asumido.
El resultado es una sentencia que Argentina deberá afrontar por un monto que ronda los US$350 millones y que, con intereses acumulados, se ubicaría cerca de los US$390 millones. Marsans ya no existe. Burford Capital ya vendió su posición. El que hoy reclama es Titan Consortium. Negocios son negocios.
El fallo que dejó a Argentina frente a una deuda millonaria
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, rechazó el último recurso presentado por el Estado argentino y dejó firme una sentencia vinculada con la forma en que se reestatizó Aerolíneas Argentinas.
El acreedor actual es Titan Consortium, un fondo dedicado a adquirir y litigar derechos de cobro. No fue quien sufrió directamente la nacionalización, ni quien operaba la aerolínea. Compró un activo judicial que había pasado por varias manos y que terminó convertido en una potencial fuente de cobro contra la Argentina.
La disputa por Aerolíneas Argentinas llegó a los tribunales de Estados Unidos después de un largo recorrido arbitral.
Argentina prevé recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos con argumentos similares a los utilizados en el expediente por YPF. Sin embargo, este caso tiene una dificultad adicional: existe un laudo anterior del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido como CIADI, que favoreció a los acreedores.
Eso vuelve más endeble la posición argentina. Se puede apelar, por supuesto, pero hay un antecedente arbitral internacional que ya determinó que el país incumplió obligaciones de protección a inversiones.
Por qué se reestatizó Aerolíneas Argentinas en 2008
Para entender el juicio hay que volver a 2008. Aerolíneas Argentinas era controlada por el grupo español Marsans, que había tomado el control de la compañía entre 2001 y 2003, en un contexto complejo luego de la devaluación y la salida de la convertibilidad.
La situación de la empresa era extremadamente delicada:
- Acumulaba pérdidas importantes.
- Necesitaba inversiones urgentes para sostener la operación de la flota.
- Enfrentaba paros frecuentes y una conflictividad sindical muy fuerte.
- La continuidad de un servicio considerado esencial estaba en riesgo.
- Marsans tenía dificultades financieras propias y terminó quebrando en España.
En ese punto, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tenía un argumento atendible: Aerolíneas no podía seguir funcionando como venía. Había que tomar una decisión y había que tomarla rápido.
El problema no fue necesariamente decidir que el Estado volviera a operar la compañía. El problema fue la manera. La nacionalización se llevó adelante mediante la Ley 26.466, que declaró de utilidad pública las acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral y las transfirió al Estado nacional.
La recuperación de la empresa también era una decisión políticamente atractiva. Permitía al Poder Ejecutivo controlar una compañía emblemática y contaba con el impulso de los gremios aeronáuticos, que entendían que el retiro de Marsans era la mejor salida. A cambio, se esperaba una etapa de paz social y funcionamiento más estable bajo administración estatal.
Pero en una nacionalización no alcanza con tener una razón económica, política o social. Hay que mirar los papeles.
El error central: no pagar y no revisar el tratado con España
El Estado argentino expulsó a Marsans de la compañía sin pagar una compensación. Ahí está el corazón del problema.
Argentina y España tenían firmado desde los años noventa un tratado bilateral de protección de inversiones. Ese acuerdo establecía mecanismos de resguardo para los inversores españoles y habilitaba la resolución de controversias internacionales.
El tratado bilateral de protección de inversiones entre Argentina y España fue la base jurídica del reclamo.
Marsans llevó el caso al CIADI, el organismo arbitral del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre Estados e inversores extranjeros. Tras años de trámites, el tribunal concluyó que Argentina había incumplido el tratado bilateral de inversiones con España.
El CIADI ordenó una indemnización cercana a los US$300 millones. Después pasó lo previsible: Argentina no pagó de inmediato, el tiempo siguió corriendo y los intereses hicieron el resto.
La cifra original se acercó a los US$350 millones y, con intereses, el reclamo total se ubicaría cerca de los US$390 millones. Es el costo de hacer las cosas a las apuradas y de creer que una decisión soberana puede ignorar contratos, tratados y reglas internacionales.
Cómo Marsans se convirtió en un activo judicial
Marsans no terminó cobrando porque Marsans dejó de existir como grupo operativo. En junio de 2010 presentó concurso voluntario de acreedores para sus sociedades en España. El 25 de junio de ese año, la justicia española habilitó el proceso de quiebra y, desde el 2 de julio, comenzó la liquidación de sus activos.
Entre esos activos estaba el derecho a cobrar el juicio contra la Argentina por Aerolíneas Argentinas.
Esto es central: el reclamo no fue adquirido directamente a Marsans como una operación comercial corriente. Los derechos derivados del laudo fueron parte de la liquidación judicial de la compañía en España. Ahí entraron los fondos especializados en litigios internacionales.
En diciembre de 2012, Argentina ya empezaba a perder el caso de Aerolíneas Argentinas, aun cuando Marsans ya se encontraba en proceso de desaparición. El deudor seguía siendo el Estado argentino. Lo único que cambió fue quién tenía derecho a cobrarle.
La liquidación de Marsans puso el derecho a litigar contra Argentina dentro de los activos disponibles para venta.
Burford Capital, el fondo que compró el juicio
En esa liquidación apareció un viejo conocido de la Argentina: Burford Capital, el mismo fondo vinculado con el litigio por la renacionalización de YPF.
Burford compró en los tribunales españoles los derechos relacionados con el juicio de Aerolíneas Argentinas. El mecanismo se parece al de YPF: un fondo compra un derecho litigioso, financia y sostiene el proceso judicial, y apuesta a cobrar una suma mayor si el Estado pierde.
Según los datos del caso, Burford habría adquirido el juicio por unos US$17 millones. Después, con la causa avanzando y una indemnización potencial mucho más grande, el activo se convirtió en una apuesta de enorme rentabilidad.
Sin embargo, Burford no terminó siendo el acreedor final. El 15 de marzo de 2018 vendió el expediente de Aerolíneas Argentinas para concentrar sus recursos en el caso YPF, que entonces se consideraba el gran negocio judicial contra la Argentina.
Mantener dos litigios de esa magnitud implicaba costos importantes. Aerolíneas era el expediente de menor monto relativo, de modo que Burford decidió desprenderse de él.
Titan Consortium: el fondo que se quedó con el cobro
El comprador fue Titan Consortium, un fondo más pequeño que también se especializa en adquirir litigios contra países o empresas. Titan tomó la posición que Burford había comprado en la liquidación de Marsans y continuó la demanda contra Argentina.
Así quedó el recorrido del expediente:
- Marsans controlaba Aerolíneas Argentinas.
- Argentina reestatizó la empresa en 2008 sin acordar una compensación.
- Marsans acudió al CIADI invocando el tratado bilateral con España.
- Marsans quebró en España y sus activos fueron liquidados.
- Burford compró los derechos del juicio en la justicia española.
- Burford vendió el caso en 2018 para concentrarse en YPF.
- Titan Consortium adquirió el reclamo y quedó como acreedor de Argentina.
Burford salió del expediente y Titan Consortium quedó posicionado para reclamar el cobro contra la Argentina.
La cuenta es brutal. De una compra estimada en US$17 millones a un reclamo que, con intereses, se acerca a US$390 millones, la ganancia potencial por litigar contra Argentina supera el 2.000%.
Ahí está la enseñanza incómoda. Mientras Argentina discutía, apelaba y demoraba, otros compraron el problema, lo administraron como un activo y lo transformaron en una oportunidad financiera.
El espejo de YPF y el riesgo de volver al CIADI
El caso Aerolíneas Argentinas no está aislado. La comparación inevitable es YPF.
En el expediente de YPF, Burford perdió posiciones en segunda instancia en Estados Unidos y Argentina obtuvo un resultado favorable. La expectativa es que la Corte Suprema estadounidense pueda mantener esa orientación.
Pero Burford no dejó de litigar contra Argentina. Busca llevar el reclamo por YPF al CIADI, utilizando un argumento similar al de Aerolíneas Argentinas: que la reestatización se llevó adelante sin pagar la compensación que correspondía y en violación de un tratado de protección de inversiones firmado con España.
Por eso el juicio de Aerolíneas tiene relevancia más allá de los US$390 millones en disputa. Puede convertirse en una referencia sobre cómo se analizan las obligaciones internacionales de Argentina frente a nacionalizaciones de empresas controladas por inversores extranjeros.
Se puede nacionalizar, pero hay que hacerlo bien
La conclusión no es que un Estado nunca pueda recuperar una empresa. Se puede nacionalizar, especialmente cuando la compañía presta un servicio esencial, está al borde del colapso y su operador privado ya no tiene capacidad para sostenerla.
Aerolíneas Argentinas bajo Marsans no parecía tener un futuro viable. La empresa requería una decisión. El problema fue que esa decisión se ejecutó de forma atolondrada.
Una nacionalización responsable exige, como mínimo:
- Revisar contratos, tratados y obligaciones internacionales.
- Determinar una compensación compatible con el marco legal aplicable.
- Evaluar el riesgo de arbitrajes internacionales antes de avanzar.
- Evitar que la demora en el pago transforme una indemnización en una deuda mucho mayor.
- Entender que una decisión política también tiene consecuencias financieras.
No se trata de una discusión ideológica. El Estado puede intervenir, nacionalizar o recuperar una compañía estratégica. Pero si lo hace ignorando los compromisos que ya firmó, después aparecen los fondos, los laudos, los tribunales y los intereses.
La lección que deja el caso Aerolíneas Argentinas
Argentina tomó una decisión que podía justificarse por la situación crítica de Aerolíneas Argentinas. Marsans tenía problemas, la continuidad del servicio estaba amenazada y la empresa necesitaba una salida.
Pero el país no revisó adecuadamente el tratado bilateral con España, no estableció una compensación y terminó expuesto a un arbitraje internacional que favoreció al inversor.
Marsans quebró. Burford compró el juicio. Burford lo vendió. Titan Consortium quedó con el derecho de cobro. Y Argentina, después de años de litigio e intereses, enfrenta una obligación cercana a los US$390 millones.
Ese es el costo de hacer las cosas mal. Se puede tomar una empresa, se puede recuperar una aerolínea y se puede defender un servicio público. Pero nunca hay que olvidar que los tratados existen, los tribunales existen y los fondos especializados saben perfectamente dónde está el negocio.
Porque en este mundo, al final, negocios son negocios.
Fuente: NEGOCIOS SON NEGOCIOS. Canal Mundo Dinero. Link: