La existía una razón: el alto costo argentino. Pero en las últimas semanas, Brasil -principal socio comercial del país- dio el último empujón y legitimó la avanzada. Superado octubre, el Gobierno impulsará una reforma laboral «por consenso» y con tres metas claras en el horizonte: bajar los costos laborales, reducir la conflictividad y dar certidumbre, y crear un sistema de capacitación permanente. El Gobierno negocia con la CGT, desde febrero pasado, los cambios que busca introducir en el mundo del trabajo. Y tras las elecciones, empujará la institucionalización de un diálogo social para avanzar con sus propuestas en el tema.
«Brasil puso el tema en la agenda», cuenta un funcionario, y agrega: «La clave será el consenso». Justamente, para espantar fantasmas no se tocarán ni la ley la de contrato de trabajo ni la de asociaciones sindicales.
La Argentina tiene 12 millones de empleados registrados, 4,5 millones de trabajadores en la informalidad y cerca de 1,5 millones de desocupados. «Hay una economía formal muy rígida y una informal muy flexible. Las reformas nunca se hicieron con inteligencia», explican en el seno del Gobierno. Desde hace varios años, la creación de empleo privado registrado está estancada. No sólo la economía no ayuda. Los impuestos y el costo laboral no salarial -habituales quejas empresariales- son dos problemas que el Gobierno prevé abarcar para dar vitalidad al mercado laboral privado.
La conflictividad, creen en el oficialismo, golpea especialmente a las pymes. A fines de febrero pasado, el Gobierno aprobó la nueva ley de ART. Ahora se necesitan adhesiones provinciales. Ya está operativa en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, tiene media sanción en la provincia de Buenos Aires, Mendoza la tratará en los próximos 15 días, Río Negro la mandó a la Legislatura y Salta lo hará luego de las PASO. «La provincias que no la aprueben tendrán más juicios y, por ende, mayores costos», avisan desde el Gobierno. Allí afirmaron además que los acuerdos en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), que solían tardar 90 días, actualmente tardan 11 días.
La conflictividad, creen en el oficialismo, golpea especialmente a las pymes. A fines de febrero pasado, el Gobierno aprobó la nueva ley de ART. Ahora se necesitan adhesiones provinciales. Ya está operativa en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, tiene media sanción en la provincia de Buenos Aires, Mendoza la tratará en los próximos 15 días, Río Negro la mandó a la Legislatura y Salta lo hará luego de las PASO. «La provincias que no la aprueben tendrán más juicios y, por ende, mayores costos», avisan desde el Gobierno. Allí afirmaron además que los acuerdos en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), que solían tardar 90 días, actualmente tardan 11 días.
Fuente | La Nacion
