Mauricio Macri aceptó que la gestión deberá detenerse con la campaña electoral pero ya trazó un objetivo después de octubre: será inevitable un recorte de gastos y lo fijó en 80 mil millones de pesos.
Se trata de poco más del 3% del presupuesto total de este año, que a su vez terminaría con altos niveles de sub ejecución por la parálisis de obras públicas, sobre todo en zonas no gobernadas por Cambiemos.
A Macri no le conforma, porque para reducir el déficit fiscal ya no tendrá en 2018 los beneficios del blanqueo y necesita gastar menos para cumplir su meta fiscal, clave si quiere alentar las inversiones que no llegan. Pragmático, ya definió el número y sus funcionarios estudian cómo alcanzarlo.
Uno de los abocados a esa tarea es el ministro de Modernización Andrés Ibarra: como adelantó LPO, diseña un intenso plan de reducción de organismos, que incluiría fusionar ministerios y eliminar muchísimas dependencias minúsculas, o bajarles el presupuesto a cerca de cero.
«No puede ser que haya partidas para Ceamse», se escuchó en una de las innumerables reuniones de coordinación. Ibarra anota casos así para crear en octubre un organigrama más chico, un cambio a modo de shock, palabra que odia el Gobierno, aunque no necesariamente tendrá recortes de personal. La mira está puesta en bajar el gasto de oficinas que Macri no usa.
Acompaña en esta tarea el coordinador de Gabinete Mario Quintana, quien desde enero trabaja en «micro ajustes» y de a ratos parece sólo parece traer conflictos.
Parte de ese plan fue el cambio de cálculo para la actualización de jubilaciones, que hizo reaccionar a todo el Congreso y casi frustra la ley de ART.
Aunque el Gobierno dijo haber revertido la medida, los expertos previsionales como el diputado kirchnerista Juan Carlos Díaz Roig aseguran que el aumento de las jubilaciones se sigue calculando como quiere Quintana y es menor al que debería ser.
La revisión de las pensiones por discapacidad e invalidez fueron otra de las tareas del coordinador de Gabinete, también con una marcha atrás. En la lógica del ajuste, tiene sentido: el 60% del gasto proyectado en el presupuesto de este año se destina a «servicios sociales».
Bajo esa denominación se encuadra la «salud, asistencia y seguridad social, educación y cultura y trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado y servicios urbanos».
Si bien el porcentaje es engañoso porque el gasto total suele aumentar por la inyección de fondos que aparece en la última parte del año (en muchos casos para subsidios, otro rubro a revisar), la preeminencia de este rubro en las erogaciones altera a Macri y de ahí su presión a organismos como el PAMI o el Anses para que miren con lupa sus balances.
A la sub ejecución de obras públicas que ya es marca registrada del Gobierno, se sumarían recortes específicos a planes de vivienda, que si expandió por todo el país Rogelio Frigerio y hasta en algunas provincias gobernadas por peronistas.
«Hay que olvidarse de asistencia a provincias, o adelantos de coparticipación», fue otra de las frases oídas de funcionarios a cargo de hacer números.
Como explicó LPO, Macri quiere además acordar con los gobernadores una reforma previsional y tributaria que hasta ahora parece no entusiasmar a nadie. Con la proyección de las elecciones de octubre, calculan que alcanza con convencer a cinco. Será parte del plan de ajuste.
Fuente LPO
