En las últimas semanas se observaron indicios de desinflación en la economía argentina. No resultaron de una contingencia, sino de explícitas medidas de política económica propuestas para estimular la demanda, estabilizar los equilibrios macroeconómicos fiscal y externo, incorporar confianza al mundo de las finanzas, inyectar previsibilidad a la rentabilidad de la inversiones ingresadas desde la globalización financiera (y mejorar el rating de deuda del país) y, en el largo plazo, afianzar un potencial sendero de desarrollo con reducida exposición a las amenazas de eventuales impactos generadores de posibles «aterrizajes forzosos» (crisis).
El camino recorrido hasta el momento, sin embargo, no estuvo liberado de elementos desestabilizadores. Ello indica que la búsqueda de la estabilidad de precios y el de la corrección de los precios relativos (relación entre precios de bienes y servicios de la economía agregada), no supondrán en adelante un trabajo sencillo. La política económica necesitará contar con un «compromiso quirúrgico» para administrar la evolución del gasto público y la política tributaria (retomar el debate sobre coparticipación federal, incluso) y poseer grados de libertad para anticipar tensiones que ineludiblemente surgirán de las futuras actualizaciones tarifarias y cambiarias devenidas, en este caso en particular, de la corrección de pérdidas competitivas y el posible cambio de dirección de los flujos de capitales derivado de los resultados de la futura política económica del presidente Donald Trump en los EEUU.
Internamente, se seguirá adelante con el combate de la inflación mediante la utilización del reconocido régimen deMetas de Inflación (MI) que, en esencia, constará del anuncio de una suba de precios al consumidor esperada (el objetivo de la política económica), el establecimiento de un compromiso institucional de la política monetaria para alcanzar esa meta, la difusión de información suficiente acerca del instrumento encargado de «limar asperezas» (una tasa de interés, por ejemplo) y la publicidad de resultados para que el público «sepa de que se trata» y pueda decidir qué hacer con su ingreso (gastar o ahorrar). Se espera que el programa sea riguroso y además posea capacidad de absorción de eventuales shocks, enderece las expectativas y robustezca la confianza. Si bien todavía no está funcionando, el BCRA ya decidió una MI para 2017 piso de 12% y techo de 17% que, hoy por hoy, no se estaría cumpliendo (según indica el Relevamiento de las Expectativas de Mercado –REM-) razón por la cual en algún momento la entidad podría verse forzada a subir la tasa de interés (medida que también sería inducida por el avance del «trumpnomics«).
¿Qué tenemos hasta acá entonces? Primero, una desaceleración de la inflación relativamente favorable; segundo, tensiones en precios (e ingresos) originadas en posibles correcciones cambiarias y tarifarias, tercero, laadopción formal del programa de MI, donde el BCRA lógicamente se comprometería y orientaría sus recursos para cumplir con esa obligación, cuarto, la necesidad de «recalcular el programa económico interno» debido al vertiginoso advenimiento de un trumpnomics que promete movilizar las finanzas nacionales del globo y quinto, agrego, una recesión (caída de la actividad económica en términos reales) que todavía no da muestras de ceder. El desafío para el Central, por lo tanto, será cumplir con la meta de inflacióne, idealmente, contar con grados de libertad para ensayar un «mandato dual» en el que también se incorpore al empleocomo una variable de control para evitar más deterioro social y contracción económica. Como la corriente principal del pensamiento actual considera que «la inflación es la madre de todas las patologías y que debe erradicarse en lo inmediato», posiblemente el esfuerzo oficial sólo intente cumplir con un taxativo «mandato vertical» (sólo el control de la inflación) y, sin manifestarlo abiertamente, espere que el empleo (desempleo) se determine vía fuerzas endógenas (una suerte de derrame) en el tiempo: cuando los precios bajen, el salario real suba y la demanda se fortalezca. En ese panorama apacible e ideal, en el marco de una estructura tributaria amigable (esencialmente para el empresario), supuestamente e fortalecería la contratación de trabajadores y de maquinarias (tal como lo predice la teoría microeconómica) y se cerraría la brecha del producto. Visto de este modo, sólo la disminución de la inflación elevaría los salarios, aceitaría el canal del crédito y consolidaría la actividad productiva y el empleo; ergo, no habría necesidad de disponer de política económica (se la seguiría llamando «populista»).
Si bien una tasa de interés en un elevado nivel contribuiría a reducir la inflación vía ingresos de capitales (sólo momentáneas «lloviznas» por el trumpnomics, como ya se señaló), la apreciación resultante del peso (el tipo de cambio bajo) «reduciría el subsidio» a la producción comercializable en el mercado internacional (y el empleo de trabajadores) que, para sobrevivir y no deteriorar más el empleo, debería hacer lo que pocas veces hizo en la historia: competir (escenario improbable). Este Nuevo Consenso en Macroeconomía (NCM), algo así como un «primo hermano» del recordado Consenso de Washington que exhortó la liberación comercial y financiera y proveyó sustento teórico a las políticas macroeconómicas de América Latina de la década del noventa, sugiere eliminar la inercia inflacionaria moldeando las expectativas de los individuos sobre la inflación futura e inyectaría estabilidad de largo plazo en el mercado de cambios, en el de créditos y mejoraría la competitividad de la producción nacional que, año a año, se comercializa en el exterior.
En esencia, el programa de MI (y esta coyuntura económica) parecería estar indicando que el reacomodamiento de precios es condición necesaria y también suficiente incluso para «desmantelar patologías crónicas» tales como la pobreza y la desigualdad (la diferencia existente entre los segmentos de menores y mayores ingresos). Este «salto cualitativo» se perpetuaría, según las recomendaciones del NCM, si las intervenciones de la política económica respetaran la neutralidad de los precios absolutos y relativos (la información que proveen al público), acertaran completamente en su lectura de la realidad interna y del mundo (presente y futura) y si se aceptara sin reticencias «el mandato» y se tuviera un comportamiento racional. Al perseguir el cumplimiento de un nivel de precios meta, el sistema de MI se transformaría en «un ancla nominal» a la que deberían converger todos los precios de la economía (incluso el salario). Para los críticos de las MI, sin embargo, el mismísimo mecanismo sería una permanente fuente creadora de patologías porquedesarticularía las capacidades de la política económica(especialmente de la política monetaria, los grados de libertad del BCRA para corregir desvíos del mercado de créditos) y funcionaría sin contemplar que «la baja inflación y la estabilidad de precios no siempre conducen a la estabilidad macroeconómica //…// los individuos del sistema necesitan crear sus propias expectativas sobre las expectativas de otros (y esto posee una elevada volatilidad, especialmente en los tiempos de crisis) y //…// los procesos económicos y financieros se ven continuamente afectados por cambios institucionales, tecnológicos y políticos que son en buena parte impredecibles (Arestis, 2013)».
Si las señales se convirtieran en palabras, el programa de MI parecería estar diciéndole a la sociedad: «En el corto plazo seré implacable con la inflación y luego, en el largo plazo, aumentaré el empleo una vez que los precios bajen, se recomponga el salario real y la demanda y se fortaleza la confianza del empresario». Al desatender la determinación del empleo en el corto plazo, el régimen de MI funcionando como un mandato vertical, estaría omitiendo la relación existente entre inflación y desempleo reconocida ampliamente porque es lógico que «un BC evitará un sobrecalentamiento aumentando la tasa de interés, una acción que inicialmente disminuirá el empleo y aumentará la inestabilidad en la tasa de interés (Mishkin, 2008)». Con una palpable desigualdad social incrustada en la estructura, conseguida en décadas e impulsada por las crisis (una suerte de retrato de la sociedad argentina actual), el sentido común quizás recomendaría al discurso no levantar banderas mostrando que ahora sólo le preocupa la inflación y que en el largo plazo se recuperaría el bienestar que antes se supo conseguir porque, en esencia, «el largo plazo es una guía confusa para la coyuntura, en el largo plazo estamos todos muertos (Keynes, 1923)».
Es comprensible que «los efectos colaterales» de cualquier política económica sean una tarea compleja de razonar y entender para la sociedad; es inquietante que los economistas no logren «asesorar a la familia» y nada más se «planteen una tarea demasiado fácil, y demasiado inútil, si en cada tormenta lo único que nos dicen es que cuando pasa el temporal el océano está otra vez tranquilo (Keynes, 1923)» y esinadmisible la aceptación, el facilismo y el supuesto rol social del panelista televisivo siempre dispuesto a «estimar otras naturalezas según el modelo de la suya propia siempre inclinada a volverse a sí mismos y reflexionar en lo que podría inducirles personalmente a realizar tal cosa y, de ese modo, verse obligados a estimar otras naturalezas según el modelo de la suya propia» (Copleston, sobre Baruch de Spinoza en «Historia de la Filosofía», 1981). Es necesario el asesoramiento cuando se presentan las políticas económicas porque es esencial para la construcción en democracia.
Por: Gustavo Perilli es Licenciado en Economía y profesor de la UBA
Fuente | Infobae
