En los últimos meses se viene dando una avalancha de importaciones. Entre los rubros más afectados se encuentra las industrias electrónica, textil, del juguete, naval, calzados, cuero, muebles, bicicletas y bebidas alcohólicas. Esto ha sido la excusa para que se cierren fábricas y se generen miles de despidos aduciendo este motivo.
El caso más reciente (y más grave) se da en la industria electrónica. El gobierno acaba de eliminar el arancel del 12% para la importación de componentes de computadoras y, a partir de abril directamente quitará el del 35% para todos los productos informáticos importados (notebooks, tablets, computadoras de escritorio, etc). Aduciendo estas medidas, Banghó, la mayor empresa de informática del país, despidió a 450 trabajadores. La empresa Fueguina S.A. también echó a otros 120. Según cálculos de la UOM, la ola de despidos llevará a la pérdida de más de 7.000 puestos de trabajo.
El gobierno de Macri argumenta que esta medida “es necesaria” para así lograr que los precios de estos equipos informáticos bajen un 20%, beneficiando al conjunto de la población. Es falso. Su verdadera intención es favorecer a las multinacionales. Y lograr, vía los despidos, disciplinar por miedo a la clase trabajadora, para así provocar su tan ansiada “reducción del costo laboral”, léase menores salarios y más flexibilización laboral.
Nos oponemos rotundamente a estas medidas. Pero también estamos en contra de las patronales que usan ese argumento para despedir trabajadores. Por eso no hacemos causa común con ellos en una “defensa de la industria nacional”, como lamentablemente lo hace la directiva de la CGT y de la UOM, al plantear que el centro del reclamo debe ser por el “cierre de las importaciones” o “subsidios para las empresas”. Seamos claros: muchos de estas empresas, cuando ganaban millonadas no tuvieron empacho en tener en negro, o tercerizar a camadas enteras de trabajadores. Más aún, la mayoría de los dueños de estas firmas no dejarán de sacar sus tajadas de ganancias: simplemente ahora se “reconvertirán” en importadores de esos mismos productos.
Por eso nuestra exigencia debe ser clara: no a los despidos, suspensiones, acuerdos de rebaja salarial, o supuestos “traslados” a otras empresas del grupo perdiendo derechos laborales. Que las empresas se hagan cargo, repartiendo las horas de trabajo sin tocar el salario y garantizando a cada trabajador su puesto de trabajo.
A esto lo tenemos que complementar con la prohibición por ley de los despidos y suspensiones, y la expropiación e estatización de toda empresa que viole esta disposición poniéndola en funcionamiento bajo la gestión de sus propios trabajadores.
Ciertamente los productos informáticos locales tienen un precio mucho más alto que los importados. Pero ello no se solucionará con la “apertura” que plantea el macrismo. Las cadenas monopólicas de venta de electrodomésticos y los hipermercados harán que, rápidamente esos bienes vuelvan a tener los precios astronómicos que vemos hoy en día. La única solución vendrá de la mano de otro programa económico, radicalmente opuesto al actual que, a partir de la nacionalización del comercio exterior, determine con claridad la cantidad, calidad y precios de los productos que es efectivamente indispensable que importe nuestro país.
José Castillo | Economista – Dirigente de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda
