jueves, marzo 28, 2024

Una reparación histórica: el pago a jubilados

Por Esteban Domecq* El Gobierno realizó uno de los anuncios más esperados de los últimos meses, de un fuerte impacto tanto en términos de distribución de ingreso como de costo fiscal.

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Se cumplirá con los juicios de jubilados y pensionados (tanto
para aquellos que tengan sentencia firme de la Corte Suprema
de Justicia como aquellos que estén en condiciones de iniciar
juicio), reajustando los haberes de más de 2 millones de
personas que pasarán a ver un aumento en su ingreso.

El proyecto prevé el pago a tres grupos diferentes de jubilados y pensionados. Por un lado, aquelos que tengan fallo firme de la Corte Suprema, que totalizan unos 50.000 casos, recibirán 50% de la sentencia en efectivo y otro 50% en pagos trimestrales. Los más de 300.000 casos que tienen juicios en curso, por otra parte, recibirían un incremento del haber de 45% y un pago retroactivo de 4 años. Otros 700.000 casos o más corres ponden a jubilados que se encuentran en condiciones análogas al resto y que podrían iniciar acciones legales contra la ANSES, la misma base de los casos que marcaron el inicio de la ola de juicios, siendo el caso Badaro el más conocido de ellos. Estos jubilados recibirán un aumento de 35% en el haber jubilatorio.

En este último caso, la ANSES deberá hacer un fuerte trabajo de identificación de esta población en el sistema jubilatorio, y acercarles una propuesta que en rigor será acordada individualmente. La recomposición de haberes supone por una parte un decreto presidencial por el que el haber inicial sea calculado bajo una nueva metodología. Esto corregirá lo visto por el fallo de la Corte Suprema en 2008, que muestra una falta de actualización de haberes entre 1991 y la Ley de Movilidad Jubilatoria de 2009. El cálculo se realizará ahora con el Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción hasta 1995, y luego con la Remuneración Promedio de Trabajadores Estables (RIPTE).

La Ley del 2009 contempla ya una actualización automática dos veces al año en base a la recaudación de ANSES y al Índice de Salario del INDEC. Aquellas personas que se jubilen a partir de la aprobación de esta ley verán sus haberes calculados en base a los aportes genuinos que realizaron al sistema durante su período de actividad laboral. El Plan de Inclusión Previsional lanzado durante los últimos 10 años duplicó el número de jubilados y pensionados, y llevó la cobertura a más del 90%. El principal conflicto, sin embargo, fue que para financiar esa erogación se utilizaron los mismos fondos internos del sistema de seguridad social, achatando el pago de haberes de aquellos contribuyentes que más habían aportado al sistema y atrasando su actualización por debajo de la inflación real.

El proyecto actual contempla una Pensión Universal a la Vejez, equivalente al 80% de la jubilación mínima, lo que lograría expandir la cobertura a toda la población. El financiamiento de la medida, esta vez, vendría de tres fuentes. Por un lado, los ingresos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad; por otro, un blanqueo de capitales “amplio y caro”, en palabras del Ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay. Por el momento, se sabe que las condiciones de esta declaración voluntaria implicarían un pago de entre 10% y 15% en impuestos, y que los incentivos a aceptarlo serían grandes, considerando que en 2017 comienza oficialmente el intercambio de información fiscal con previos paraísos fiscales.

El costo fiscal de los juicios a los jubilados alcanzaría más de 75 mil millones de pesos anuales, monto apenas más elevado que el déficit primario del primer cuatrimestre del año. Mientras las prestaciones a la seguridad social ya crecen a 40% interanual, el Gobierno muestra que esta dispuesto a utilizar parte del gasto público para contrarrestar el efecto contractivo de la política monetaria (altas tasas de interés y encajes subiendo). En términos econó- micos, la aprobación de la ley no sólo detiene la elevada litigiosidad que muestra la ANSES por estos juicios. Los jubilados y pensionados son un sector de la sociedad con una alta propensión al consumo, por lo que cada peso en que se incremente su ingreso puede volcarse rápidamente al consumo y ayudar a levantar un segundo semestre que ya fallará en mostrar una reducción en la inflación de la magnitud propuesta. El consumo, ahora, podría tener mayor impulso hacia fin de año.

* Economista y Director de Invecq Consulting S.A.

 

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