A pesar de los aumentos de tarifas y recortes en subsidios y otros gastos, el Gobierno Nacional hasta ahora no ha podido mejorar sustancialmente el resultado fiscal, en tanto además ha bajado impuestos y aumentado las prestaciones sociales. El reciente anuncio de actualización de haberes jubilatorios y blanqueo tiene un sesgo fiscal casi neutro este año si el blanqueo es exitoso, aunque presenta un costo fiscal neto en torno a 1.0% del PBI para 2017-19. Por ello, el anuncio ha ido acompañado de fuentes de financiamiento como el FGS-ANSES. Constituye una buena noticia para la recuperación del consumo y la actividad económica en el segundo semestre.
Se insiste con la idea de que el Gobierno ha optado por el gradualismo fiscal, a pesar de que aplicó políticas de shock en otros frentes. No obstante, es una afirmación discutible. Gran parte del gasto no puede recortarse, como las jubilaciones, que además aumentan por Ley y representan el 40% del gasto. Sin embargo, allí donde existe flexibilidad en el gasto, el Gobierno ha sido bastante agresivo.
En lo que va del año, los subsidios económicos caen 16% anual, mientras los gastos de capital caen 6% anual. Esto medido en pesos corrientes. En términos reales son caídas muy fuertes, cercanas al 50% anual. Los gastos de consumo, entre ellos la masa salarial, crecen 23% anual, por debajo de la inflación. El aumento de tarifas representaría anualizado un ahorro en subsidios cercano al 1.5% del PBI, mayor al esperado, repartido en 0.9 puntos por los aumentos en energía eléctrica y en 0.6 puntos en gas, transporte y agua.
A pesar de estos recortes, la mejora en el resultado primario ha sido muy pequeña, aunque sostenida. En todos los meses el gasto creció por debajo de los ingresos, algo que no sucedía hace muchos años. Sucede que el Gobierno recortó algunos impuestos y tomó medidas sociales para paliar los aumentos de precios, que en su conjunto tuvieron un costo fiscal semejante. A saber, la eliminación de retenciones al agro y la minería (0.5% del PBI), la ampliación de asignaciones familiares y de la asignación universal (0.4%), la suba del mínimo no imponible en Ganancias (0.3%), la devolución del 15% a las provincias (0.2%) y la devolución del IVA (0.1%).
En este contexto, éramos pocos y parió la abuela. El Gobierno anunció la cancelación de deudas y la actualización de haberes jubilatorios a unos 2.5 millones de jubilados, siguiendo los criterios de la Corte Suprema en las sentencias de los fallos Badaro, Elliff, Sánchez y Monzó. Gran parte de los reclamos judiciales (Badaro) se originan en el atraso que sufrieron los haberes medios y altos entre 2002 y 2006. En aquellos años las subas se concentraron en las jubilaciones mínimas, los haberes mayores al mínimo sufrieron caídas cercanas al 40% en términos reales. Otra buena parte de los reclamos (Fallo Elliff) son por el modo en que se calcula el haber inicial.
Esto muestra que buena parte de la mayor cobertura previsional lograda la década pasada fue a partir de un achatamiento de los haberes medios y altos, lo que hizo que hoy alrededor del 70% de los jubilados cobre el haber mínimo, y la consecuente acumulación de pasivos previsionales, que buscan atenderse con esta medida. Abarca a jubilados que ya tienen fallos firmes de la Corte Suprema (unos 50 mil), juicios en trámite (unos 300 mil) y a quienes no han hecho reclamos pero se les ha estado liquidando mal los haberes (unos 2.2 millones). Además, se crea una Pensión Universal a la Vejez, por el 80% de la jubilación mínima, lo que expandiría la cobertura a toda la población.
El costo fiscal de los pagos retroactivos a quienes tienen sentencias favorables y juicios iniciados equivale a 1.0% del PBI, a pagarse un 50% una vez sancionada la ley y el resto en un plazo de 3 años. A estos jubilados además se les aumentarían los haberes un 45%, por un costo adicional de 0.2%. Por último, a los jubilados que no iniciaron juicios pero reciben haberes mal liquidados se les aumentarían un 35%, por un costo adicional de 1.0%. Esta medida en su conjunto elevaría el gasto en jubilaciones cerca de 1.0% del PBI este año, lo que es una muy buena noticia para la actividad económica en el segundo semestre del año, y para 2017-19 un 0.4% adicional (es decir, 1.4% respecto a los niveles actuales).
Este año una buena parte sería financiada mediante la recaudación proveniente del blanqueo. Incluso con un blanqueo optimista de US$ 50 mil millones y una penalidad media de 10%, podría financiarse la totalidad de los pagos jubilatorios para este año. No obstante, aun considerando los futuros impuestos que origine el blanqueo, para el período 2017-19 la actualización jubilatoria y el blanqueo es su conjunto generan un costo fiscal cercano a 1.0% del PBI. Por ello, para financiarlo el Gobierno ya anunció que recurrirá a otras fuentes, como el FGS-ANSES.
