Las advertencias de algunos economistas, como Diana Mondino, sobre el exceso de gasto público en el corriente año electoral, que determinaron que «no quedara más plata para poder cumplir con los pagos de fin del ejercicio» quedaron claramente explícitas en el mega Decreto 1013 que publica el Boletín Oficial.
A menos de 20 días de cerrar el año, y coincidiendo con el pedido del Poder Ejecutivo a las nuevas cámaras que comience el tratamiento del Presupuesto Nacional para 2018, el gabinete en pleno firmó una norma que eleva el gasto total originalmente previsto para 2017 en $222 mil millones, pese a que pudo sumar apenas algo menos de $66.775 millones de ingresos no previstos, principalmente originados en el blanqueo de activos que cerró en marzo.
Así surge de la lectura con una planilla de cálculo en otra computadora de los 639 folios que incluye en uno de los tres anexos del decreto de marras, en poco más de una hora, porque el Gobierno mantiene la práctica de los anteriores de aprobar singulares modificaciones sin acompañar un resumen de los cambios decididos. Según ese listado, el déficit fiscal total del corriente año se eleva en $155.196 millones, un 36% más que el acumulado entre enero y octubre; y $70.700 millones el primario, un 27,7% de suba.
La diferencia entre el incremento de rojo total y el primario se explica por la autorización de una partida adicional por $84.510,7 millones para afrontar el servicio de intereses de la deuda pública, porque fue superado ampliamente por las previsiones que se habían hecha en el tercer trimestre del año anterior.
Con la firma del presidente Mauricio Macri, y los ministros Marcos Peña, Germán Carlos Garavano; Patricia Bullrich; Alberto Jorge Triaca; Carolina Stanley, José Lino Salvador Barañao; Alejandro Pablo Avelluto; Rogelio Frigerio, Francisco Adolfo Cabrera; Guillermo Javier Dietrich; Sergio Alejandro Bergman, Andrés Horacio Ibarra, Juan José Aranguren, Oscar Raúl Aguad; Nicolás Dujovne, Luis Andrés Caputo; Jorge Marcelo Faurie; Alejandro Oscar Finocchiaro y Luis Miguel Etchevehere, el decreto 1013 del 7 de diciembre pero que se publica en la edición de hoy del Boletín Oficial, fundamenta la medida en que «resulta necesario incrementar los créditos presupuestarios para incorporar el impacto de las mejoras en las remuneraciones dispuestas por normas legales durante el presente año».
Sin embargo, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, se trata de una vez más de deficiencias en las prácticas de elaboración del Presupuesto de cada año, las cuales se arrastran para el correspondiente al de 2018 que ya está en manos de los legisladores para su tratamiento, que subestiman de modo inquietante el monto de los gastos en algo tan básico como la partida para salarios y servicios de intereses de la deuda.
Los desvíos más importantes en las partidas presupuestarias que fueron aprobadas por el Congreso Nacional para el corriente año se destacan, aparte de los citados $84.511 millones para el pago de servicios de intereses de la deuda pública:
$63.005 millones para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI);
$18.373 millones para Asistencia Social;
$5.854 millones para el Ministerio de Desarrollo Social;
$5.278 millones para Asistencia Financiera a Empresas Públicas bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minería;
$5.087 millones para el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales;
$2.823 millones para la Interceptación y Captación de las Comunicaciones;
$2.499 millones Desarrollo de Seguros Públicos de Salud, convenio con banco Mundial;
$2.416 millones para Operaciones Complementarias de Seguridad Interior;
$2.267 millones para el Servicio de Bomberos;
$1.776 millones para la Construcción de Nueva Terminal Port Ita Ibaté, provincia de Corrientes;
$1.642 millones para el pago de Cuotas y Contribuciones a Organismos Internacionales (ONU, Unesco; Unasur, Mercosur);
$1.603 millones para el Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación.
Fuente | Infobae
