Agencias federales de Estados Unidos iniciaron una investigación sobre presuntos casos de corrupción y desvío de dinero de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, según informó ayer el diario The Wall Street Journal (WSJ). El caso involucra especialmente al ex presidente de la compañía y actual representante en la ONU, Rafael Ramírez, y a uno de sus primos. Mientras el gobierno mantuvo un total silencio, el funcionario aludido replicó en su cuenta de Twitter: “Es una infamia”.

Ramírez –el autor de la consigna “roja, rojita” con la que se etiquetó la revolución chavista cuando era jefe de la petrolera entre 2004 y 2014– no desmintió ser el objeto de la investigación estadounidense, pero rechazó los cargos afirmando que “no nos perdonan la expulsión de las petroleras que saqueaban al Pueblo, la derrota del sabotaje petrolero, ni que Pdvsa sea bastión de Chávez”.

El objeto de la pesquisa estadounidense apunta al corazón de la economía venezolana, ya que la petrolera aporta más del 90% de los ingresos del país. Pdvsa es además la fuente de financiamiento del chavismo desde hace 15 años y la caja para sus programas sociales. Los únicos medios venezolanos que reprodujeron la información del WSJ fueron el diario El Nacional y el portal digital La Patilla.

El informe del Journal –basado en fuentes anónimas y documentos policiales– indicó que una firma consultora de un primo de Ramírez, Diego Salazar, fue utilizada para exigir a empresas extranjeras el pago de al menos US$ 150 millones a cambio de la adjudicación de contratos con la petrolera. La investigación quiere “saber si líderes venezolanos utilizaron Pdvsa para desviar miles de millones de dólares del país a través de sobornos y otros mecanismos”, informó el diario. La investigación también busca “determinar si Pdvsa y sus cuentas bancarias en el extranjero fueron utilizadas para propósitos ilegales, incluyendo operaciones de cambio negro y lavado de dinero proveniente de las drogas”, durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez (1999–2013).

La Red Contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) abrió una ventana poco común al movimiento de grandes cantidades de dinero de Pdvsa. La agencia emitió un documento en el que dice que un banco de Andorra –el pequeño principado entre España y Francia– fue presumiblemente utilizado por funcionarios venezolanos y mafiosos rusos y chinos como centro de lavado de dinero. La FinCEN dijo que ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra (BPA) ayudaron a lavar más de US$4.000 millones de Venezuela, de los cuales cerca de US$2.000 millones fueron “desviados” de Pdvsa.

Desde hace un año Ramirez es embajador ante Naciones Unidas. “Hoy la infamia y la miseria de los enemigos del pueblo, arremeten con sus grandes medios contra mi nombre y contra el Cdte Chávez”, afirmó mientras el gobierno de Nicolás Maduro mantiene silencio sobre la investigación. Ni siquiera el actual presidente de Pdvsa, Eulolio Del Pino, quien se halla en Viena en una reunión de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), reaccionó ante el escándalo. Sólo dijo que el barril de crudo debía subir a 88 dólares y no a 40 como se cotiza ahora.

Ramírez –de 52 años, ojos azules y voz suave que contrasta con su altura de 1,90 metro– era el funcionario consentido de Chávez. El ex presidente lo había designado en más cargos que a ninguno de sus ministros. Llegó a ocupar al mismo tiempo la presidencia de Pdvsa, la de la OPEP, el Ministerio de Energía y Petróleo, el de Vivienda, el de Alimentos y los centros de abastecimiento y de salud.

Washington no hizo ninguna acusación pública contra Pdvsa y es posible que no se formalice ningún cargo, dijo el Journal. A principios de mes, fiscales en Nueva York, Washington, Missouri y Texas y agentes del Departamento de Seguridad Nacional, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el FBI se reunieron en persona o por teleconferencia en Washington para coordinar acciones y compartir pruebas y testigos para las diversas investigaciones sobre Pdvsa, según fuentes con conocimiento del asunto.

Las investigaciones tienen lugar en momentos en que la economía de Venezuela está en camino de una contracción de 10% este año y de una inflación de 160%, según las más recientes estimaciones del FMI. El país está paralizado por el colapso de su moneda, con una industria moribunda y la incapacidad de pagar importaciones de medicinas y alimentos.

Fuente: IEco . Caracas. Ludmila Vinogradoff