Después de negociaciones que involucraron acordar intereses de diversos sectores y países, el tratado logró cerrarse, y deberá ahora ser revisado en parte por los congresos de los distintos países miembros, entrando en vigencia en el período de los próximos dos años. El acuerdo fue liderado por Estados Unidos como parte de un proyecto comercial, diplomático y corporativo, e incluye a países tan diversos como Japón, Australia, Malasia, Vietnam, Singapur, Nueva Zelanda, Brunei, Perú, Chile, México y Canadá. Estos países representan actualmente el 40% del Producto Bruto Global, y casi un cuarto del comercio total medido según volumen de exportaciones e importaciones. Llamativamente, China no forma parte del acuerdo. A partir de la implementación de este tratado, los países miembros reducirán los aranceles al comercio de productos específicos (ya muy bajos entre la mayoría de los integrantes), como derivados de la leche, agropecuarios, automotrices, biotecnología, entretenimiento, medicina y servicios, entre otros. Sin embargo, el texto del documento, al que ningún miembro de los poderes legislativos de los respectivos países ha tenido acceso pleno, incluye una serie de cláusulas tratando temas que exceden los clásicos tratados de libre comercio celebrados durante los dos últimos siglos, según se dio a conocer a través de documentos filtrados. Entre otras cosas, se discuten políticas de protección a las corporaciones internacionales que realizan inversiones extranjeras en esos países, a través de instrumentos legales conocidos como Investor-state dispute settlements (ISDS por sus siglas en inglés); estos instrumentos permiten a las corporaciones inversoras llevar acciones judiciales contra aquellos países que tomen medidas que afecten las ganancias actuales o esperadas de sus actividades dentro del territorio. Un reciente caso de aplicación fue el de Phillip Morris contra Uruguay en 2010: la legislación uruguaya buscaba incorporar imágenes y mensajes sobre los peligros del tabaquismo en los paquetes de cigarrillos; Philip Morris demandó al país una compensación por reducir el valor de sus inversiones y ventas, bajo el amparo del acuerdo bilateral entre Suiza y Uruguay (el cual incorpora ISDS). El tratado generará sin dudas ganadores y perdedores internacionales. No sólo las grandes corporaciones estarían entre las primeras, también ciertos sectores específicos y muy competitivos en cada país, como la industria lechera de Nueva Zelanda y las automotrices japonesas. La acelerada entrada de estos productos puede generar perdedores reticentes en las naciones importadoras; las automotrices norteamericanas y mexicanas podrían estar entre estas, así como los productores lecheros canadienses. Por el momento, el Trans-Pacific Partnership se perfila como un movimiento geopolítico que busca crear áreas de influencia, más que un cambio significativo en la estructura comercial de estos países.

* Economista y Director de Invecq Consulting S.A

Fuente Cultura Invest