Tras el nuevo desplome de la Bolsa de Shanghai y la crisis de principios de mes, cuando los mercados del país estremecieron el mundo, desde China otra noticia viene a generar más incertidumbre sobre las perspectivas económicas del gigante asiático. La información es el anuncio, ayer, de la apertura de una investigación por supuesta corrupción contra el director de la Oficina Nacional de Estadísticas, Wang Baoan.

El órgano anticorrupción del Partido Comunista de China, la temible Comisión Central de Inspección de Disciplina, dijo –sin dar más detalles de la investigación– que intentaba averiguar si Wang cometió “graves violaciones de disciplina”, el eufemismo oficial que se utiliza para referirse a la corrupción.

Wang, de 52 años, es apenas el último de altos funcionarios chinos investigados por ese delito, una acusación cada vez más común en China desde que el presidente Xi Jinping empezara hace tres años su cruzada a favor de la transparencia, la cual –según los analistas– en muchos casos le habría servido como pretexto para eliminar adversarios políticos.

La lista de los incriminados y condenados –tanto civiles como militares– incluye a más de 100 altos cargos, entre oficiales militares, jueces, ministros y jefes de empresas estatales. Antes de Wang Baoan y siempre por corrupción, este mes fue condenado a 15 años de cárcel el ex viceministro de seguridad pública, Li Dongsheng. En octubre, en cambio, había sido el turno de Zhou Yongkang, jefe de los servicios de seguridad chinos, condenado a cadena perpetua por corrupción, abuso de poder y filtración de secretos de Estado.

Pero en el caso de Wang, aunque aún no está claro si la investigación se vincula a su trabajo al frente del órgano estadístico o a su cargo anterior como viceministro de Finanzas, la acusación se mezcla con el tema delicado de las estadísticas chinas. En los últimos tiempos, observadores e inversores de Occidente han manifestado sus sospechas de que los datos macroeconómicos del país asiático no se corresponden con la realidad. Para disipar las dudas, el mismo Weng, poco antes de la noticia de su acusación, había defendido ayer en una rueda de prensa la “solidez” de la economía china, asegurando que los fundamentos permanecen firmes y que la volatilidad en los mercados financieros tendrán un impacto “limitado” sobre la economía real.

En otra de sus últimas comparecencias públicas, el investigado Weng había anunciado, la semana pasada, los datos del Producto Bruto Interno (PBI) de China de 2015, que revelaron que la segunda economía mundial creció un 6,9 % respecto a 2014, su ritmo más bajo en un cuarto de siglo, pero muy cerca del 7% que el gobierno había fijado como objetivo.

En China, alcanzar los objetivos de crecimiento es un tema de importancia política. En noviembre pasado, el presidente Xi Jinping anunció los nuevas metas para los próximos 5 años: un crecimiento promedio de 6,5 por ciento entre 2016 y 2020.

Sin embargo, para los expertos la voluntad de cumplir las metas programadas hace que en muchos casos haya presiones políticas para inflar los números. Y aunque no hay evidencia, sí hay indicios. Por ejemplo, un cable diplomático de 2007 difundido por WikiLeaks que citaba la reunión entre el embajador estadounidense y un joven funcionario. En la reunión, el funcionario revelaba que los números del crecimiento del PBI chino estaban “dibujados” y eran por ende poco confiables. El emergente funcionario, economista de formación, decía también que él mismo prefería utilizar un método alternativo para medir el crecimiento económico, como mirar al consumo eléctrico o los préstamos de los bancos. “Todas las otras estadísticas, especialmente las del PBI, son ‘solo como referencia’”, decía riendo, según el cable. Ese funcionario se llamaba Li Keqiang, y ahora es el premier de China.

Fuente: EFE, AP y Clarín