El presidente de Petróleos de Venezuela S.A. advirtió que «todas las opciones están abiertas», incluyendo un retraso en el pago de los bonos de próximo vencimiento, mientras corre contra el reloj para cerrar el viernes un canje de parte de su deuda -incluidos US$3.300 millones que debe pagar entre el 28 de octubre y el 2 noviembre- por títulos de más largo plazo.
La advertencia de Eulogio del Pino constituye la última señal de que se aproxima la hora de la verdad para los inversionistas de la petrolera estatal venezolana, también conocida como PDVSA.
La compañía lanzó el 13 de septiembre una propuesta de canje de bonos que maduran en 2016 y 2017 por otros que se extienden hasta 2020, con el fin de reprogramar unos US$5.300 millones, en momentos de estrechez en las reservas de divisas del país y de una caída de los ingresos de la petrolera tras dos años de derrumbe de los precios del crudo.
Las reservas de Venezuela eran en septiembre de cerca de US$12.000 millones, mientras que el gobierno y PDVSA tienen vencimientos combinados de capital e intereses por US$15.000 millones hasta finales de 2017, según la firma Caracas Capital Markets.
La empresa prorrogó el lunes por tercera vez el plazo límite para adherir al canje debido a que «un porcentaje sustancialmente inferior al 50% del monto total del capital de los bonos existentes ha sido ofertado». Esta vez, la fecha «definitiva» para el canje es este viernes.
La compañía advirtió en un comunicado que «los bajos precios del petróleo afectarán de manera adversa la capacidad de la compañía para generar flujo de caja (.) lo que perjudicará la capacidad de la compañía de hacer pagos programados de la deuda existente».
PDVSA, el principal motor económico de un país que enfrenta serios desafíos sociales, económicos y políticos, no ha logrado convencer a los tenedores de la mitad de los bonos a aceptar el canje, a pesar de haber extendido los plazos y aumentado la compensación. Del Pino enfatizó que la última oferta, que expira el viernes, no será mejorada.
PDSVA necesita refinanciar la deuda para ahorrar efectivo que planea invertir en una campaña de perforación que busca revertir la caída de la producción.
«Estamos pidiendo a los tenedores un respiro para tener más estabilidad», señaló Del Pino. «Esto les va a permitir a ellos seguir disfrutando de las grandes ganancias que han tenido con nosotros en esta última década».
PDVSA propuso garantizar los nuevos bonos de 2020 con 50,1% de las acciones de su subsidiaria estadounidense Citgo Holdings y ofreció cerca de US$1.200 por cada US$1.000 del capital canjeado. Las entidades públicas venezolanas, indicó Del Pino, poseen menos de 10% de los bonos objeto del canje.
El directivo descartó mejorar las condiciones de la propuesta o reducir el umbral de participación de 50%, puesto que diluiría el valor de Citgo, que puede ser usado como garantía para otros acuerdos.
Si el canje fracasa, PDVSA tendrá que afrontar los pagos de capital e interés de fin de mes con otros recursos.
Los precios de los bonos de la petrolera estatal venezolana han fluctuado al ritmo de las estimaciones del grado de adhesión del mercado. Si la mayoría de los inversionistas acepta el canje, se estima que disminuyen las probabilidades de que PDVSA y Venezuela caigan en cesación de pagos.
Los problemas para conseguir la adhesión a la oferta resaltan las dudas de los inversionistas sobre las finanzas del país. Las reservas internacionales de Venezuela cayeron a menos de US$12.000 millones en septiembre, su nivel más bajo en 13 años.
El canje, sin embargo, también debe superar obstáculos legales. Varias multinacionales han acusado a la petrolera estatal de tratar de transferir activos en Estados Unidos para no tener que pagar fallos judiciales en su contra. Ese sería el objetivo, señalan, de comprometer las acciones de Citgo en el intercambio de deuda.
A fines del año pasado, la minera canadiense Crystallex International Corp. entabló una demanda en un tribunal de Delaware, EE.UU., en la que acusa a PDVSA de orquestar «una trama para monetizar sus activos estadounidenses y retirar los fondos recaudados de EE.UU. con el fin de evadir a posibles acreedores por arbitraje», según documentos judiciales. Un tribunal del Banco Mundial falló a favor de Crystallex en abril e indicó que Venezuela debe pagar a la minera canadiense US$1.400 millones por la confiscación y nacionalización de los activos de Crystallex en el país.
La estadounidense ConocoPhillips interpuso una demanda similar contra PDVSA a principios de mes en una corte de Delaware.
PDVSA, en todo caso, recibió una buena noticia el miércoles, cuando un consorcio de empresarios venezolanos encabezados por Oswaldo Cisneros anunció una inversión de US$1.000 millones en un yacimiento estatal.
Fuente La Nacion
