El Gobierno Nacional presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley propio para reformar y mejorar la Ley de Alquileres, la cual fue sancionada por el Senado (en noviembre pasado) y que regula los contratos de alquileres entre ocupantes y propietarios. El proyecto fue aprobado en su momento por unanimidad en el Senado y ahora ingresó en Diputados, pero el bloque oficialista quiere introducir modificaciones. Las organizaciones de inquilinos del país (defensores del proyecto sancionado en el Senado) son muy críticos con la propuesta del Ejecutivo, ya que consideran que la reforma planteada para actualizar los alquileres provocaría un alza en los precios, y sospechan que la intención del oficialismo es entorpecer la situación para que no se apruebe el proyecto.
Plazo de los contratos
El plazo de los contratos, es uno de los principales temas a debatir. La ley original prevé que la renovación de los contratos se extienda a tres años. En tanto, el oficialismo plantea que se mantenga como en la actualidad, cada dos años. Por una cuestión económica los inquilinos reclaman la extensión de plazo, ya que en cada renovación de contrato los ocupantes deben desembolsar una suma importante de dinero. Una posible reforma en este tema de la Ley aprobada sería una desventaja para el inquilino.
Control de aumentos
En relación a los aumentos, es unánime la intención de las dos propuestas de controlar los mismos. La ley aprobada en el Senado plantea establecer incrementos anuales (y no semestralmente como ocurre hoy) y que la tarifa este compuesta por el diferencial del aumento de precios minoristas y de salarios del sector formal, solo si la inflación es mayor al 10%. Por su parte el oficialismo también plantea que los aumentos sean anuales, pero sólo para los alquileres que no superen las 840 unidades UVA que es la medida que se usa para los créditos hipotecarios, esto equivale a 15.657 pesos
El oficialismo plantea no contemplar todos los alquileres de la misma manera, o sea la intención es dividir entre los alquileres para la vivienda y los que son para uso comercial. Y no involucrase en alquileres de exagerado y alto costo. Se estima abarcar a aquellos de hasta $ 15.000 mensuales, en el primer caso, y de hasta $ 25.000, en el segundo. El tope estará expresado en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), la unidad creada por el Banco Central para ajustar hipotecas, que representa el valor de una milésima de metro cuadrado de construcción, y que además se ajusta por la inflación.
Desde el grupo de inquilinos remarcan que la diferencia principal es que el sistema de actualización de precios del oficialismo es sólo para un rango de los alquileres de vivienda, por debajo de las 840 uvas ($ 15657). Y advierten que eso generaría un aumento de precios en todo el resto del mercado, ya que si un propietario tiene un alquiler en $ 13.000 o $ 14.000, lo va a subir para no ser alcanzado por la regulación del precio.
Otros puntos importantes a debatir….
Un tercer tema a debatir es el referido a la devolución del depósito, en ambos casos se determina que se reintegre el monto determinado al momento de entregar la llave, pero actualizado a un valor equivalente al último mes de alquiler. Ese es un detalle clave, y se transforma en una medida muy importante para el inquilino, ya que antes recibía en concepto de depósito el monto original abonado dos años antes de irse, o sea cuando el contrato recién iniciaba. Por lo tanto, ese dinero perdía poder adquisitivo.
Otra de la medida favorable a toda aquella persona que alquila es la relacionada a la comisión de las inmobiliarias, las mismas no deberán superar al monto equivalente a un mes de alquiler. Como quinto punto aparecen las expensas extraordinarias que en ninguna situación deberán correr por cuenta del ocupante según lo expresado en el proyecto original aprobado en noviembre, o sea este beneficio alcanza a todos los contratos inclusive a los más caros. Pero, el Ejecutivo de la mano del Diputado Lipovetzky propone que solo los inquilinos que abonan menos de $15.000 queden eximidos de pagar las expensas extraordinarias. Estos son medidas que generan menos gastos que alivian el bolsillo del inquilino.
Finalmente, el proyecto presentado por el macrismo propone no omitir a los sectores más vulnerables, que en muchos casos no poseen una garantía. Esto no estaba en la ley que se aprobó en el Senado. Esta propuesta consta de regular el alquiler social, en los que el Estado se haría cargo de parte del pago mensual, la garantía y los gastos de ingreso a la vivienda, pero bajo algunos requisitos sobre las características de la vivienda que se pueda alquilar (como metros cuadrados y monto máximo de renta). La aprobación de este apartado sería de vital importancia para los más necesitados y vulnerables.
Entre lo más novedoso del proyecto de Ley del oficialismo es la incorporación de un régimen para fomentar la construcción de viviendas para alquiler. Los desarrolladores inmobiliarios podrían descontar Ganancias hasta un 60 por ciento de la inversión que hagan al edificar y lo que se cobre de alquiler.
