La Argentina necesita avanzar con diversos cambios para que la confianza que manifestaron los inversores antes y después de las elecciones de medio término, no se vea alterada. Uno de ellos se vincula con imponer una restricción legislativa para que la responsabilidad fiscal que se intenta consensuar con los gobernadores tenga su correspondencia con las finanzas públicas de la Nación.
A menos de un día de que el Presidente alentara a la población, pero principalmente a la dirigencia política a «no tenerle miedo a las reformas, porque es crecer», el ministro Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, firmaron la Decisión Administrativa 942 que modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 en $21.494 millones, aunque el efecto neto negativo se reduce a $10.443 millones, porque se agregaron $11.051 millones de recursos tributarios superiores a los previstos.
En este caso, se justificó la medida publicada en el Boletín Oficial en la necesidad de reforzar partidas para el pago de salarios en diversas jurisdicciones.
Sin embargo, no se entiende como un Gobierno decidido a bajar el déficit de las finanzas públicas y establecido las correspondientes metas de reducción gradual, junto con pautas de inflación, no pueda terminar con una vieja práctica de las finanzas públicas de enviar al Congreso un Presupuesto sin las adecuadas estimaciones de gastos básicos, como son los correspondientes a los pagos de salarios y jubilaciones.
Según un exhaustivo análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, hasta septiembre «los créditos para gastos corrientes y de capital de la Administración Pública Nacional se vieron ampliados en $35.294 millones, lo que equivale al 1,7% de las autorizaciones de gastos previstas en la Ley de Presupuesto, un nivel muy inferior al que se aprobó en igual período de 2016, del orden del 16,2 por ciento».
Ahora, con la DA 942 ese monto se elevó a más de 40.700 millones. Y plantea la duda sobre si el Presupuesto 2018 que debiera comenzarse a tratar para su aprobación en el Congreso no requiere de una revisión de los números básicos, como salarios y jubilaciones, para evitar que nuevamente el próximo año dos ministros, unilateralmente, en uso de facultades delegadas por el Poder Legislativo vuelva a modificarlo, y agravar el ya abultado déficit fiscal.
Las principales partidas de gastos ampliadas:
* Pensiones No Contributivas, Anses, $6.000 millones;
* Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, Ministerio de Defensa $5.995 millones;
* Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial, a cargo del Ministerio Público, $2.104 millones;
* Formación y Capacitación Servicio Penitenciario, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, $2.097 millones.
* Transportes Navales, Ministerio de Defensa, $1.947 millones;
* Servicio Meteorológico Nacional, Ministerio de Defensa, $1.688 millones;
* Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales, Ministerio de Educación, $1.212 millones;
* Acciones de Capacitación Laboral, Ministerio de Trabajo, $1.000 millones.
Principales compensaciones parciales:
* Asistencia en Servicios Económicos al Tesoro, recorte $12.047 millones;
* Aumento de Recursos tributarios, $11.051 millones;
* Acciones para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Ministerio de Desarrollo Social, $1.824 millones.
Fuente | Infobae
